La ley orgánica de amnistía, que busca la “normalización política, institucional y social en Cataluña”, a falta todavía de que recorra aún un largo camino político y judicial, ha provocado en España (no sabemos qué ocurrirá en Cataluña) de todo menos normalización.

El PSOE, que había negado por activa y por pasiva la posibilidad de una amnistía, de repente se vio en una situación en la que, o bien aceptaba las condiciones de los partidos independentistas, o tenía que volver a presentarse a unas elecciones. Sánchez optó por el pragmatismo y, a pesar de sus “convicciones políticas y morales”, pactó una ley que ha sido presencia obligatoria en los discursos de cualquier político durante las últimas semanas.

El PP, triunfante perdedor de las elecciones, a sabiendas de lo polémico del acuerdo, ha llevado a cabo durante las últimas semanas, junto con VOX, una de las oposiciones más duras que se recuerdan a un Gobierno que apenas cumple un mes en el cargo.

Entre acusaciones de traición y de atentado contra la democracia, las derechas han reunido a miles de personas en sendas manifestaciones convocadas a lo largo de toda España. Pero los obstáculos que está encontrado la ley de amnistía no han sido solo de opinión pública, el PP, que controla tanto el Senado como la mayoría de ayuntamientos y gobiernos autonómicos de España, ha puesto en marcha toda su maquinaria política para frenar esta medida que consideran que atenta contra la separación de poderes.

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 Dos meses antes de que el polémico texto de 23 páginas fuera presentado ante el Congreso el PP, intuyendo las intenciones de Sánchez, presentó una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos para mostrar su rechazo a la posible medida.

El 20 de septiembre, aún en plenas negociaciones, los procurados de las Cortes de Castilla y León votaron al respecto, el pasado miércoles lo hicieron los del Parlamento de Canarias y así, en menos de tres meses, la práctica totalidad de los parlamentos autonómicos se han posicionado en contra del indulto a los encausados del procés. Galicia y Canarias han sido las únicas autonomías que se pusieron la venda después de la herida, ya que emitieron el “no”, cuando el “sí” ya había sido dado.

Page, la excepción
Tras las elecciones del 28-M el PP gobierna en todas las comunidades autónomas a excepción de cinco: Castilla la Mancha, Navarra y Asturias, controladas por el PSOE, el País Vasco (PNV) y Cataluña (ERC). No resulta, por tanto, sorprendente, que las votaciones salieran favorables a los populares en 14 ocasiones, por cuatro en contra.

¿Qué ocurre con la quinta comunidad? Castilla la Mancha ha sido el único territorio que no ha permitido que se debatiera en pleno la declaración institucional popular. García Page ha sido una de las voces más críticas contra la medida de gracia, llegando a declarar el pasado viernes que le “duele” ver las cosas que hace el Gobierno y que “bailar al son de Puigdemont no puede traer nada bueno”.

Si bien la diferencia en votos totales es mínima, el PP siempre puede presentar los datos de la siguiente manera: el 88% del territorio y el 71% de la población no aprueban la amnistía. Sin embargo, según el barómetro de diciembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, los datos son más conservadores, aunque no por ello no merezcan atención:

Un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio. El PP mantendrá la presión autonómica sobre Sánchez y Génova ya ha confirmado la creación de un grupo de trabajo liderado por Cuca Gamarra en el que se intentará coordinar una respuesta conjunta de todas “sus” comunidades contra la amnistía, el verificador y por “entregar” Pamplona a Bildu.

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