Illa y Escrivá usaron el Covid para dar contratos de asesoría y obras a dedo

Salvador Illa y José Luis Escrivá, exministros de Sanidad e Inclusión y Seguridad Social, utilizaron durante el Covid-19 la vía de emergencia para adjudicar contratos a dedo sin relación con la pandemia. En su último informe sobre los contratos para la gestión de la crisis, el Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples irregularidades y deficiencias en las adjudicaciones, apuntando a que en el caso de Illa y Escrivá se dieron contratos por la vía de emergencia de asesoría y obras respectivamente sin la justificación oportuna.

 Los contratos por la vía de emergencia están limitados a acontecimientos catastróficos u otras situaciones de peligro o que puedan poner en riesgo la defensa nacional. Todos ellos se dieron tras la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, sin sujeción a los requisitos formales de la ley y pudiendo eludir de este modo los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.

En el caso de Sanidad se señala, sin embargo, una adjudicación para la prestación de servicios de consultoría estratégica, gestión de redes sociales y apoyo al gabinete de comunicación, "sin que en el expediente ni en el contrato haya quedado justificada vinculación alguna con la atención a la crisis sanitaria ni otras razones que avalaran la emergencia, sino más bien con razones organizativas de orden interno".

No es el único contrato de consultoría por la vía de emergencia. Hay otro sobre un informe para las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja en el que tampoco se acompaña con un documento justificativo.

 Asimismo, hay un contrato que fue adjudicado por la Agencia Española del Medicamento, por valor de 99.853 euros, para la modificación de la zona del comedor que presenta, según el Tribunal de Cuentas "debilidades en la justificación de la emergencia", teniendo en cuenta además que la ejecución se inició un mes después, saltándose los plazos límites que marca la normativa. En este caso también hay otros dos contratos en circunstancias similares.

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Del mismo modo, también, el ministerio de Inclusión y Seguridad Social adjudicó tres contratos para la reforma de un inmueble por un importe total de 883.500 euros. El ministerio justificó la emergencia de estas obras en la necesidad de adaptar las dependencias a las recomendaciones sanitarias sobre la distancia de seguridad que debían mantener los trabajadores.

Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, "la envergadura de la obra, la circunstancia de que el contrato fuera modificado en más de un 128 por 100 de su importe para atender a necesidades estructurales del edificio y que su duración se prolongara durante seis meses, constituyen elementos de juicio que permiten poner en cuestión que la obra atendiera exclusivamente a necesidades inmediatas de protección de los trabajadores (lo que podría justificar la tramitación de emergencia) siendo, en cambio, aprovechadas para proceder a una reestructuración del inmueble de mayor envergadura".

Irregularidades
El mayor número de irregularidades se da, no obstante, en el ministerio de Sanidad. De los 80 contratos de emergencia adjudicados durante el año 2020, el 35% presentan irregularidades, según la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas.

Más allá del uso de la vía de emergencia, el supervisor también detecta irregularidades en el objeto social de las adjudicatarias, en la falta de solvencia o en la demora en la prestación de los servicios.

Sanidad otorgó, por ejemplo, cuatro contratos a dedo a la firma FCS Select Products para la adquisición de "508 millones de mascarillas quirúrgicas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas protectoras" pese a que dicha compañía no estaba relacionada con el ámbito sanitario. FCS, tal y como refleja el Registro Mercantil, se dedica las importaciones, exportaciones y distribución de productos de alimentación.

El 21% del total de las adjudicaciones dadas por Illa presentaban además incidencias por demora, cumplimiento defectuoso, retrasos en la ejecución y en el cumplimiento de los plazos. El caso Koldoesfera y el escándalo por la presunta trama de comisiones en la venta de mascarillas ha vuelto a poner al Gobierno de Pedro Sánchez en el foco.

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