Cercedilla prepara una batalla hasta el Supremo para expulsar a Mónica García de un chalet en suelo público
Los terrenos de Camorritos son considerados por el Ayuntamiento como una parte esencial de su patrimonio inmobiliario, con un valor no solo medioambiental, sino también socioeconómico. El municipio argumenta que la recuperación de estos espacios es clave para la protección de su entorno natural
El Ayuntamiento de Cercedilla ha puesto en marcha un contrato de servicios jurídicos de gran envergadura para afrontar la compleja disputa legal que se avecina por la recuperación de terrenos en la zona de Camorritos y el Puerto de Navacerrada. El objetivo es defender los derechos patrimoniales del municipio frente a la ocupación de chalets y edificaciones cuyo permiso de uso, otorgado hace más de un siglo, ya ha caducado.
Un contrato diseñado para un litigio de largo recorrido
Según la documentación municipal, la licitación —que se tramita por vía de urgencia— busca un despacho con experiencia contrastada capaz de llevar los procedimientos hasta las máximas instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Los requisitos técnicos son exigentes: se requiere un mínimo de diez años de ejercicio profesional, experiencia acreditada en procedimientos de extinción de derechos de ocupación temporal de montes de utilidad pública y la dirección previa de al menos un centenar de procesos administrativos o judiciales. Además, el despacho adjudicatario deberá contar con una estructura suficiente para asumir hasta 700 procedimientos vinculados a estos terrenos, con un abogado de apoyo por cada 50 casos, lo que se traduce en al menos 14 letrados especializados trabajando de forma simultánea.
Presupuesto millonario y honorarios fijados
El presupuesto total asciende a 2,843 millones de euros para un periodo de cinco años. Los honorarios se han fijado en hasta 4.010 euros por proceso para los casos relacionados con Camorritos y el Puerto de Navacerrada, y hasta 3.000 euros para otros terrenos municipales.
La cobertura legal incluirá todas las fases del litigio, desde la vía administrativa hasta recursos de casación y amparo, reflejando la previsión municipal de un conflicto prolongado y técnicamente complejo.
Avalancha de recursos y urgencia en la contratación
El Consistorio justifica la tramitación urgente del contrato por la existencia de más de 300 recursos de reposición y más de 30 procesos abiertos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La previsión municipal es que estos números aumenten significativamente tras la declaración, en octubre de 2024, de la caducidad de los derechos de ocupación otorgados por Real Orden de 16 de abril de 1920. Aquella concesión, con una vigencia de 99 años, afectaba a un conjunto de inmuebles construidos en su día sobre montes catalogados como de utilidad pública.
Blindaje jurídico y garantías financieras
El pliego establece, además, la obligación de que los abogados designados firmen personalmente todos los escritos procesales y asistan a las vistas, reforzando así la implicación directa del equipo en cada causa. También se exige un seguro de responsabilidad profesional por valor de 20 millones de euros o, en su defecto, la constitución de una garantía definitiva del 5% del importe final del contrato.
La normativa que respalda esta estrategia se apoya en el artículo 73 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que prohíbe a las corporaciones municipales allanarse en procedimientos que afecten al dominio público o a derechos reales de su patrimonio.
Un patrimonio en disputa
Los terrenos de Camorritos son considerados por el Ayuntamiento como una parte esencial de su patrimonio inmobiliario, con un valor no solo medioambiental, sino también socioeconómico. El municipio argumenta que la recuperación de estos espacios es clave para la protección de su entorno natural y para el desarrollo de futuros proyectos públicos.
La decisión de declarar caducados los derechos de ocupación ha abierto un frente judicial que, de acuerdo con las previsiones, podría prolongarse hasta 2030. El Ayuntamiento parece dispuesto a desplegar todos los recursos jurídicos a su alcance para ganar la batalla.
Historia legal de los terrenos de Camorritos
1920 — Concesión original
El 16 de abril de 1920, una Real Orden otorgó a particulares el derecho de ocupación temporal de parcelas situadas en el monte de utilidad pública de Camorritos, en Cercedilla. El permiso tenía una vigencia de 99 años y permitía construir y mantener edificaciones para uso residencial o vacacional.
1920-2020 — Consolidación de chalets y edificaciones
Durante el siglo XX, se levantaron diversas construcciones, muchas de ellas chalets de uso estacional. Con el paso del tiempo, estos inmuebles pasaron a formar parte del paisaje habitual de la zona, aunque siempre sobre un suelo de dominio público forestal.
2020 — Caducidad de los derechos
En abril de 2020 se cumplió el plazo de 99 años previsto en la concesión. Desde ese momento, las edificaciones quedaron en una situación jurídica irregular, al no haberse renovado ni modificado el título que permitía su ocupación.
Octubre de 2024 — Declaración oficial de caducidad
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid declaró formalmente caducados los derechos de ocupación temporal. Esto abrió la puerta a la recuperación de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Cercedilla.
2024 en adelante — Escalada judicial
La resolución provocó una avalancha de recursos administrativos y demandas judiciales, tanto de propietarios como de ocupantes, con más de 300 recursos de reposición y más de 30 procesos ya abiertos en tribunales. La expectativa es que el conflicto se prolongue durante varios años, con posibles pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
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