VOX exige al Gobierno la creación de un plan de construcción de vivienda social en toda España

El grupo parlamentario de VOX en el Congreso ha registrado una proposición no de ley relativa a la construcción de la vivienda social y protegida en España para su discusión en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana.

En la iniciativa registrada, explica que el ordenamiento jurídico dota a los poderes públicos de dos instrumentos fundamentales: la vivienda protegida y la vivienda social. Por un lado, la vivienda protegida es «el conjunto de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública que permite tasar su precio de venta o alquiler y, por otro, la vivienda social se refiere al conjunto de viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social o de renta limitada».

 Así, VOX ha denunciado que únicamente el 2,5% del parque de viviendas principales en España es vivienda social, sustancialmente por debajo de la media de la Unión Europea (9,3%). España se sitúa, por tanto, muy lejos de los países europeos con mayor porcentaje de vivienda social: Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%).

«España es uno de los países más atrasados en términos de vivienda social construida en relación con la población total, con menos de una vivienda por cada 100 habitantes. La media de la Unión Europea se sitúa en el 4%. Nuestro país se sitúa sólo por encima de naciones europeas como Eslovaquia, Bulgaria y Portugal, entre otras», agrega VOX.

VOX recuerda que hasta 1985 se construía más vivienda protegida que libre y desde ese año hasta 1991 experimentó una caída constante. A comienzos de los años 90 hasta la mitad de la década se recuperó la variable, aunque no superando nunca el 30%. A inicios del siglo XXI la cifra se mantuvo estable en torno al 10% de vivienda protegida sobre el total de viviendas construidas y se observó un crecimiento en el cuatrienio 2008-2012. Desde entonces hasta 2019 el porcentaje de este tipo de vivienda «no ha dejado de disminuir».

Resulta evidente que España necesita un mayor apoyo en la construcción de vivienda protegida, manifiesta la formación liderada por Santiago Abascal. Según la consultora Savills Aguirre Newman, se necesitan 1,2 millones de viviendas para atender la demanda de alquiler, cifra que asciende hasta los 2,5 millones para el portal inmobiliario Fotocasa.

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VOX juzga como «necesario y perentorio impulsar una política de construcción de vivienda decidida y ambiciosa para atajar la falta de vivienda pública«: «Los españoles no pueden permitirse continuar en el vagón de cola con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a construcción de vivienda social y protegida».

Además, se expone que la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda «no ha servido para corregir las anomalías del mercado inmobiliario en España, sino que las ha acentuado toda vez que el precio de la renta del alquiler y el precio de venta de la vivienda han continuado incrementándose en los últimos meses desde su promulgación».

“Los poderes públicos deben investigar y desarrollar políticas públicas valientes para atajar el problema del acceso a la vivienda en España. El Gobierno debe lograr transformar un ambiente hostil y difícil en materia de acceso a la vivienda en uno próspero y fácil para que tener una vivienda en España no sea un lujo», concluye VOX.

De esta manera, VOX exige al Congreso que inste al Gobierno a realizar un estudio pormenorizado sobre el estado actual del parque de vivienda social y protegida en España y las zonas a las que se debe dar prioridad para su construcción; incrementar la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos; impulsar un plan nacional de construcción de vivienda social en toda España, especialmente en las zonas más tensionadas del mercado inmobiliario; fomentar la colaboración público-privada a efectos de aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas; e impulsar la derogación de la Ley 12/2023.

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