El PP pide al Supremo que cite como testigos a Delgado y Llop por su querella contra el fiscal general del Estado
La querella interpuesta por el Partido Popular se centra en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo
El Partido Popular ha presentado formalmente una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta prevaricación. La acusación se basa en el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público. En este contexto, el PP ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que cite como testigos a la propia Delgado y a la exministra de Justicia, Pilar Llop.
La querella interpuesta por el Partido Popular se centra en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo. Los ‘populares’ instan a la Sala de lo Penal a admitir su querella y llevar a cabo diversas diligencias, incluyendo la solicitud de la sentencia en la que se apreció una “desviación de poder” por parte de García Ortiz al ascender a su antecesora.
Además, piden que se cite como testigo al fiscal Luis Rueda, quien habría sido “candidato perjudicado” por la decisión adoptada por García Ortiz.
/contenido/22258/casi-180000-personas-estan-a-la-espera-de-dependencia-y-40447-murieron-esperando
En resumen, el Partido Popular busca esclarecer las circunstancias en torno al ascenso de Dolores Delgado y cuestiona la actuación del fiscal general, considerándola “susceptible de ser calificada” como un delito de prevaricación
Comparte en Redes Sociales
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
Las acusaciones piden tres años de cárcel para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal
"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno"
Dos meses antes del rescate, Aldama a la secretaria de Hidalgo: “Ya tenemos la carta del Gobierno”
Todo ello sin contar con reuniones previas al rescate, celebradas el 16 de julio –antes incluso de que se solicitara oficialmente la ayuda, el 10 de agosto–, en las que participaron Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y el propio Ábalos
Pedro Sánchez intervino tras ser informado del papel de Begoña Gómez en favor de Air Europa
Sánchez compartió estas consideraciones con Ábalos, expresando su preocupación y manifestando su disposición a intervenir personalmente en el proceso
La Audiencia de Valencia confirma que Mónica Oltra será juzgada por ocultar el abuso de su marido a una menor tutelada
La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano de Ximo Puig, Mónica Oltra, será juzgada por su presunta implicación en la ocultación de abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada, hechos que apuntan al que entonces era su marido
El socialista 'Tito Berni' se aproxima al banquillo: la juez ultima la investigación
El Juzgado de Instrucción que instruye las diligencias que afectan a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', ultima ya la investigación, que destapó una presunta trama de corrupción socialista en Canarias cuyas actividades -incluidas las fiestas con prostitutas y drogas en pandemia-
Los directivos del Barcelona Supercomputing Center, gastaron más de un millón € con tarjetas de crédito de manera ilegal
Resulta especialmente llamativo que esta situación se produjera en una entidad que opera bajo el paraguas de la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, dos instituciones que —en teoría— deberían ejercer una vigilancia conjunta sobre el uso de recursos públicos