El Gobierno está maniobrando para retrasar la evaluación de Bruselas del cuarto pago de los fondos UE, por valor de 10.000 millones, pues se arriesga por primera vez a un pago parcial.

Coincidiendo con la visita del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a Madrid este miércoles y jueves, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva, le ha solicitado por carta que evalúe ya la solicitud y "reconozca las deficiencias".

En el escrito, la también miembro del Grupo de Trabajo ECON-BUDG sobre el examen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) explica que el reglamento marca que la evaluación debe llevarse a cabo "sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud", que el Gobierno envió el pasado 20 de diciembre.

Añade que si bien "permite aplazar la decisión hasta tres meses", sólo será "si concurren circunstancias excepcionales".

En este sentido, Eva Poptcheva pide a Paolo Gentiloni que aclare cuáles son esas circunstancias excepcionales que justifican el aplazamiento en este caso. "Temo que, al aplazar indebidamente la decisión, el Gobierno español esté intentando evitar una evaluación crítica de la Comisión sobre el cumplimiento de determinados hitos y objetivos en vísperas de las elecciones europeas".

 Reformar el subsidio de paro a cambio de fondos UE
El Gobierno pidió el cuarto pago a la Comisión Europea el pasado 20 de diciembre, hace casi tres meses, sin haber cumplido al menos uno de los hitos más importantes, el 340, relativo a la reforma del subsidio por desempleo. El Ejecutivo asumía su aprobación en el Congreso unas semanas después, en enero, pero Podemos lo tumbó como 'castigo' a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En la carta, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo recuerda que el Gobierno "no ha logrado cumplir el hito 340 relativo a la reforma del sistema de apoyo al desempleo", pero "también es dudoso que haya cumplido la reforma exigida en el hito número 409, ya que la autoridad fiscal independiente española (AIReF) ha cuestionado la eficacia del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones".

Además, Poptcheva recalca que "un informe publicado ayer por el Banco Central de España subraya la considerable incertidumbre que rodea al grado de aplicación de los fondos NGEU". En este sentido, solicita "respetuosamente" a la Comisión "que cumpla con sus obligaciones y evalúe la cuarta solicitud de pago presentada por el Gobierno español de manera oportuna y veraz, lo que implica reconocer las deficiencias".

En su opinión, "están en juego la eficacia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la credibilidad de la Comisión y la confianza de los ciudadanos españoles en las instituciones de la UE". Si la Comisión Europea resuelve en estos días, antes del 20 de marzo, cuando se cumplirán los dos meses más uno de prórroga, la petición del cuarto pago, tendría que 'embargar' el dinero correspondiente al hito incumplido, una penalización que el Gobierno quiere evitar.

 La penalización no implica la pérdida de los 10.000 millones de euros que están asociados al cuarto pago, como habían advertido desde el Gobierno en días previos a la votación del Real Decreto-ley 7/2023. Tampoco significa que se pierda parte de esos fondos UE, simplemente se retrasaría temporalmente y se pagaría el restante, hasta que se demuestre el cumplimiento del hito, con la posibilidad de perderlo definitivamente si no se logra en seis meses.

La cuantía afectada,  podría alcanzar los 900 millones de euros, prácticamente un 10% del desembolso total, por la relevancia del hito en cuestión. El reglamento da más valor a las reformas que a las inversiones y, dentro de las primeras, a aquellos objetivos finales y no intermedios.

Además, la penalización se multiplicará por cinco en aquellos hitos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa", como es el caso.

La otra opción que tiene el Gobierno es, como ya está haciendo, negociar con Bruselas un retraso adicional de la evaluación del cuarto pago, más allá del 20 de marzo. El reglamento marca que "si surgen circunstancias excepcionales, la adopción de la decisión por la que se autorice el desembolso podrá aplazarse hasta tres meses". Es decir, aplazar hasta el 20 de mayo la recepción de los 10.000 millones.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzó el lunes a su llegada a la reunión del Eurogrupo que “las dos opciones son posibles”. Sin embargo, fuentes conocedoras advierten de que la opción "menos mala" para el Gobierno, por el mensaje que conlleva el pago parcial, es la de retrasar la evaluación de Bruselas. En definitiva, aplazar la recepción del 100% de los fondos UE asociados al cuarto pago hasta que logre aprobar la reforma del subsidio, algo en lo que ya trabaja a contrarreloj.

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En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló este lunes que las negociaciones con los agentes sociales están muy avanzadas y un día después, el martes, lo confirmó UGT. El secretario general, Pepe Álvarez, dijo que prevé un acuerdo "en no mucho tiempo" y con "ciertas garantías" de que será respaldado después en el Parlamento.

Este jueves se celebrará un evento anual sobre el MRR que inaugurará Paolo Gentiloni junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se prevé que resalten las bondades del mecanismo en España. Por la tarde, el comisario se reunirá con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y concluirá su visita a España con una breve comparencia ante la prensa junto con el ministro.

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