EL FORO LIBERTAD Y ALTERNATIVA (L&A) HA PRESENTADO, EN EL TRIBUNAL SUPREMO, DOS QUERELLAS, UNA CONTRA DÑA. Mª JESÚS MONTERO, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE HACIENDA, Y OTRA CONTRA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y LA FISCAL JEFE DE MADRID.

SE IMPUTA A LA SRA. VICEPRESIDENTA UN DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS TIPIFICADO EN EL ART. 198 DEL C.P. EN RELACIÓN CON EL ART. 197 DEL MISMO CÓDIGO.

SE IMPUTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y A LA FISCAL JEFE DE MADRID UN DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y DE VIOLACIÓN DE SECRETOS TIPIFICADO EN EL ART. 417 DEL C.P. 

Desde la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), dentro de nuestras permanentes actividades en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, anunciamos la semana pasada que presentaríamos una querella contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda y otra contra el Fiscal General del Estado por la comisión de lo que, a nuestro juicio, son dos flagrantes delitos de revelación y violación de secreto. Hoy, han quedado presentadas ante el Tribunal Supremo.
 
 Lo hechos que tuvieron lugar los pasados 12 y 14 de marzo tienen una gravedad difícil de exagerar: el 12 de marzo la vicepresidenta y ministra de Hacienda filtró y utilizó, para fines partidistas, datos fiscales de un ciudadano particular: Alberto González, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sólo dos días después, el 14 de marzo, fue la Fiscalía la que siguiendo las instrucciones del Fiscal General del Estado, en una actuación calificada de insólita y gravísima por la inmensa mayoría de la comunidad jurídica, quebró su deber de confidencialidad y reveló el contenido de las comunicaciones del letrado de Alberto González. Con esta actuación comprometió el derecho de defensa y la neutralidad e independencia del Ministerio Público, que se ve convertido en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.

Estos hechos se enmarcan en un proceso de deterioro institucional y de las garantías de los ciudadanos que se acelera cada día, ante la incredulidad e impotencia de una parte muy importante de la población: la eliminación a la carta de delitos; la colonización de las Instituciones; el nombramiento de miembros y colaboradores del Gobierno como magistrados del Constitucional o como Fiscal General del Estado; la aceptación del lawfare y la investigación parlamentaria de los jueces; la cesión integral de competencias soberanas como la inmigración; la condonación política de deuda de Cataluña;

Las sentencias cada vez menos fundadas en derecho de un Tribunal Constitucional desprestigiado; la aprobación de una amnistía claramente inconstitucional e inmoral, que incluye los delitos de terrorismo y traición; la tolerancia, connivencia o colaboración en la injerencia del régimen de Putin en la estabilidad de España y Europa; las millonarias subvenciones y ayudas a sindicatos y diversos medios para conseguir su apoyo o cercanía; las oscuras relaciones y negociaciones de la mujer del Presidente con empresas que reciben ayudas millonarias del Estado o la corrupción del caso Koldo-Ábalos son las manifestaciones visibles de una decadencia que tiene su origen en el proceso deconstituyente en el que se han embarcado el Gobierno y sus socios.

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 Es necesario activar los resortes del Estado de Derecho y apelar a los órganos que pueden ejercer de manera independiente sus funciones para que, en el ejercicio del poder que la Constitución les otorga, defiendan con toda contundencia el imperio de la ley y sean un elemento activo en la protección de nuestro sistema democrático y nuestras libertades.

Éste es el motivo por el que nos hemos dirigido al Tribunal Supremo. Esperamos que, a pesar del alto puesto que ocupan las personas querelladas, puedan actuar con justicia y firmeza, demostrando que nadie está por encima de la Ley y que la quiebra de los derechos de los ciudadanos y la utilización de las instituciones con fines partidistas, no es indiferente para los tribunales españoles.

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