Como bien saben nuestros lectores Impacto España Noticias esta siendo represaliado con el intento de cierre de nuestro medio, además del intento de detención de manera ilegal de Salvador Gimenez la semana pasada.

El ministro Oscar Puente, Sofia Puente, su hermana, el cuñado y fiscal de Oscar Puente, Manuel Javato, asi como el juez Emilio Vega y su esposa Soledad, también jueza de Valladolid, denunciaron a este medio por un delito leve de injurias.

En este delito leve de calumnias, el juzgado de manera ilegal realizo una pieza secreta, y una patrimonial del periodista en la incluso aparecían datos de hacienda y datos médicos, a día de hoy el juez no ha hecho ninguna diligencia para investigar si las informaciones eran ciertas o no, debe tener una bola de cristal, o ahora la justicia solo se basa en la opinión de un ministro y de sus familiares que trabajan en los juzgados de Valladolid.

Ahora un juzgado de Madrid da la razón a una de las publicaciones de este medio, donde se denunciaba la manipulación en sede judicial del audio, que según los peritos informáticos fue incorporado de manera artificial para evitar que se escucharan las declaraciones, para evitar que dijera algo que pudiera perjudicar a la madre, por cierto, es trabajadora del juez Emilio Vega Gonzalez.

Dicho juzgado da por supuesto la manipulación el audio del video judicial, y ha decidido citar como investigado al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo.

Investigado un director general de Justicia por el borrado de un audio en un proceso de divorcio

La agencia EFE confirmaba la investigación y ha decidido citar como investigado al citado director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, en relación con el presunto borrado del audio de un menor en el marco de un procedimiento de divorcio que se estaba tramitando en los juzgados de Valladolid.

 La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, Susana Trujillano, adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, en el que corrige su decisión de inhibirse en favor de los juzgados de Valladolid al estimar el recurso de reforma interpuesto por el denunciante, el padre del menor, y que contó con el apoyo de la Fiscalía.

 Una grabación con poca calidad

Ambos consideraron que la competencia territorial para conocer estos hechos correspondía a los juzgados de instrucción de Madrid por estar en ese partido judicial la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y donde se encuentran físicamente instalados los servidores que contenían dicha grabación.

 Los hechos denunciados, según relata el auto, consisten en que al solicitar el padre la grabación de exploración a su hijo menor, realizada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid en el marco de un proceso de divorcio, “comprobó que dicha grabación carecía de calidad suficiente, volviendo a solicitar la grabación para que fuera audible”.

 Tras remitir dicha solicitud al Centro de Atención al Usuario de Justicia (CAU), dicho servicio contestó que no era posible recuperar la grabación.

 Tras esto, prosigue el auto, el denunciante encargó un informe pericial que fue realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo, que concluyó que se había introducido “un ruido rosa cuya presencia natural en el entorno era nula”.

 El padre del menor denunció a la Dirección General

Ante esta circunstancia, el padre puso una denuncia contra el responsable de la Dirección General de Transformación Digital de Administración de Justicia, con sede en Madrid, “al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los Juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor”.

 Al admitir a trámite la denuncia y la competencia para conocer estos hechos, la juez en este mismo auto hace un ofrecimiento de acciones al denunciante, al que tomará declaración, “para lo cual se señalará fecha en posterior resolución”.

 Además acuerda la declaración en calidad de investigado del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia en marzo de 2022 (fecha de los hechos), a la sazón Aitor Cubo, “para cuya identificación y domicilio a efecto de citaciones líbrese oficio a Ministerio de Justicia para que facilite a este juzgado de instrucción su identidad”.

 Entre estas primeras diligencias acordadas, pide también la ratificación del informe pericial elaborado por Laboratorio de informática forense europeo y aportado con la denuncia, que el padre interpuso ante la Guardia Civil por presuntos delitos de falsedad en documento público y de obstrucción a la Justicia

Sin duda una gran noticia que por fin un juez vea delitos donde los jueces de Valladolid archivaban sus propias denuncias en contra sin investigar absolutamente nada.

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