El Congreso rechaza retirar la Ley de Amnistía y pide al Senado lealtad
Apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo “no son objeto idóneo” de un conflicto de atribuciones
La Mesa del Congreso ha rechazado este martes el requerimiento del Senado para retirar la Ley de Amnistía, siguiendo el criterio de los letrados de que no hay cauce legal para ello y que plantear un conflicto de atribuciones sobre ello resultaría “improcedente”. Además, ha pedido “lealtad constitucional” a la Cámara Alta, recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional.
Con la mayoría absoluta del PP, el Senado había enviado un requerimiento al Congreso para que retirase la Ley de Amnistía. Aunque la Cámara baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa ha decidido aprobar este mismo martes su respuesta de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos. En su informe, los letrados del Congreso subrayan que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones “en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos”, y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución.
A juicio de los letrados, “bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo”, y advierten que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta “supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso”.
Apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo “no son objeto idóneo” de un conflicto de atribuciones.
Además, si el Senado considera que la usurpación de sus competencias ocurrió cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto. Sin embargo, ahora ya está “fuera de plazo” porque han transcurrido más de 30 días, como establece la Constitución para recurrir.
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