La iniciativa para criminalizar globalmente el trabajo sexual se basa en dos pilares:

 1) Asimilar que como el 99% de las noticias sobre trabajo sexual son negativas y delictivas, necesariamente el trabajo sexual es nocivo, delictivo o perjudicial.

 2) Hacer ver que si países" “avanzados” como Francia o Suecia han apostado por ello, es que ha de ser la respuesta “moderna” a la prostitución. 

 La primera es fruto del estigma y de que sistemáticamente los casos de éxito llevan a la discreción social mientras que los fracasos son aireados a los cuatro vientos en los medios. Hay decenas de miles de ciudadanos en España emparejados con antiguas o actuales trabajadoras sexuales, y ninguno saldrá a contar su historia de éxito y normalidad.

Por supuesto existen igualmente casos dentro de la diversidad de generos LGTBIQ+. https://x.com/i/status/1791540745339343185

 La segunda es una realidad fruto de un movimiento reaccionario en algunos países de Europa, cuyo maximalismo en postulados feministas y el envejecimiento de su población ha generado la base donde imponer un relato de igualitarismo biológico sexual, rechazo a la mujer inmigrante y un sentimiento de pánico sexual ante los nuevos y cambiantes escenarios. 

 Pero hay un actor social que permanece callado y sigue siendo clave. Los agentes que realizan redadas a pie de calle saben de las distorsiones de los medios en la actividad, a pesar de que de nuevo, para ellos lo más común es la variante polémica y denunciada del trabajo sexual. 

 Aportamos cuatro evidencias de que la policía SABE que la delictividad generalizada en el trabajo sexual es una gran mentira. Máxime si aceptarlo supondría ademas creerse que en España hay 90.000 esclavas sexuales, miles de violaciones al día y nuestras policías son incapaces de hacer nada relevante por detener tal infierno a gran escala. 

Uno. Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF central, en un evento universitario en noviembre de 2022, creyéndose los datos que proporciona Médicos del Mundo de prostitucion delictiva en sus charlas, les reprocha no generar denuncias o compartir datos de las supuestas vícitimas con su organización. O bien es una pregunta irónica para poner en duda sus cifras, o sino la situación parece un chiste institucional de mal gusto. 

Dos. En este reportaje reciente de El Mundo, las fuentes policiales consultadas aseveran no creerse las cifras de coacción que expresa la Fiscalía. Fue publicado en formato podcast también.

Tres. Samantha Villar y Antonio Herrera, que han trabajado copiosamente de la mano de colaboradores policiales manifiestan sin ambigüedad en tertulia: “Los policías están hartos de ir a los pisos y comprobar que las chicas están bien”. 

Cuatro. Algunas otras apariciones en los medios dan cifras de nuevo dispares y ajenas al discurso del gobierno. En este caso en el ámbito de Cataluña.

 Sin duda es sorprendente que las únicas cifras realmente oficiales, las ofrecidas por el CITCO y el Consejo General del Poder Judicial, ofrecen datos que están a años luz de dibujar un escenario de trabajo sexual globalmente delictivo, y sin embargo muy pocos actores cuestionan la incompatibilidad de las mismas con las cifras que emiten la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad y el propio Gobierno.

¿Damos por hecho que las estadísticas oficiales están mal hechas? ¿Tenemos un sistema policial y judicial tan colapsado que no sabe interceptar violaciones y esclavitud sexual a escala de decenas de miles de personas?

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