Siguen los problemas para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras afirmar la fiscal de Madrid ante un tribunal la pasada semana que dio órdenes expresas de mandar una nota de prensa que incluía una conversación privada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Si el panorama del fiscal general nombrado por Pedro Sánchez ya es negro pues muchos consideran que está al borde de la imputación por estos hechos, ahora se suma una querella por revelación de secretos presentada en el Tribunal Supremo.

En concreto, el sindicato Manos Limpias -responsable también de las denuncias contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez- ha presentado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos según lo estipulado en el artículo 417 del Código Penal.

La querella de Manos Limpias adjunta la pasada declaración de la a fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ante el TSJ de Madrid que investiga la nota con datos privados de Alberto González Amador que envió la Fiscalía, ratificó que “que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, quien ordenó que se publicara ese comunicado -que supondría una revelación de secretos- y que no estaba de acuerdo con la publicación de esa nota”.

“Esto tiene que salir ya”, subraya la querella de Manos Limpias que el fiscal general del Estado ordenó a la Fiscalía de Madrid pese a que la fiscal de Madrid replicó con un “que lo publiquen ellos si quieren”. Almudena Lastra además dejó constancia de que estas órdenes para que se publicase la nota con datos privados del novio de Ayuso se las trasladó García Ortiz tanto a través de WhatsApp como en correos electrónicos.

 Para los querellantes, queda demostrado que “el escrito sobre el novio de Ayuso se prepara en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz dio la orden, la nota no se hubiera producido sin la previa autorización del García Ortiz, Almudena Lastra avisó al denunciado que la nota vulneraba la confidencialidad y consideró que no debía distribuirse pero recibió la orden directa del fiscal general”

Por ello, según Manos Limpias, el fiscal general del Estado podría enfrentarse a un delito de revelación de secretos castigado con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Si la revelación resultara grave o daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 5 años.

Comparte en Redes Sociales

Apoya el periodismo independiente y crítico 

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726