El constitucional, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de la derogación, desde la fecha de interposición del recurso -29 de mayo de 2024- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el presidente del Gobierno de España alega que la ley, aprobada por el Gobierno de Aragón de PP y Vox el pasado 15 de febrero, podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas del franquismo.

Además, también sostiene que la norma podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 CE.

El Gobierno señaló en el mes de abril, cuando anunció que interpondría el recurso de inconstitucionalidad, que esta norma vulnera el "derecho internacional", porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria".

Asimismo, retira la condena del franquismo y placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes.

Al tiempo que el Ejecutivo reprochó a PP y Vox que "invisibilicen a las víctimas del bando democrático durante los años de la dictadura" e "impidan el trabajo de las asociaciones memorialistas", por lo que ya avisó de que acudirá "donde sea preciso" para "impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura".

Reacción del Gobierno de Aragón
Tras el anuncio del Constitucional, el Ejecutivo aragonés ha mostrado su respeto a la decisión del alto tribunal pero considera que la derogación de la Ley de Memoria Democrática es "plenamente constitucional" y solicitará alzar la suspensión de la misma.

El Gobierno autonómico argumenta que la derogación "se tramitó desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas".

 El Ejecutivo considera que "la ley de derogación cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón", tras lo que han recalcado que "la suspensión de la ley de derogación es automática, pero que cabe petición de alzada contra dicha disposición suspensiva", lo que llevarán a cabo "de manera inmediata".

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