El pasado martes, el Gobierno de la Generalidad, liderado por el socialista Salvador Illa, dio luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática Catalana, un texto heredado del anterior gobierno de ERC y asumido por el PSC sin cambios, sin cambiar ni una coma, ya que el PSC no está lejos de los postulados republicanos en esta cuestión.

Este proyecto se presenta como un intento de “reparación histórica” para las víctimas de la Guerra Civil. Sin embargo, según el historiador César Alcalá, colaborador de El Debate, se trata de un documento profundamente sesgado que olvida sistemáticamente a las víctimas del Frente Popular, compuesto por comunistas, separatistas y anarquistas que provocaron auténticas masacres con miles de crímenes solo en Cataluña

Un refrito normativo
El proyecto de ley es un amalgama de tres normas anteriores: la Ley del Memorial Democrático de 2007, la Ley de Fosas de 2009 y la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo de 2017. Este «pastiche», como lo denominan algunos expertos, no aporta nada nuevo en términos legislativos.

Tal como señaló la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, su propósito es «promover medidas de reparación para todas las víctimas de la Guerra Civil y también para las personas agredidas por la dictadura», además de establecer «un régimen sancionador para evitar el enaltecimiento del franquismo».

Sin embargo, esta supuesta reparación es, en palabras de César Alcalá, “selectiva y parcial”. La ley solo trae a la memoria las víctimas del franquismo, pero omite deliberadamente los miles de catalanes que sufrieron represión, tortura y asesinato a manos del Frente Popular.

Mujeres asesinadas y silenciadas
Uno de los puntos más oscuros de esta ley es el olvido de mujeres que fueron víctimas de la violencia republicana. César Alcalá recuerda los casos de Dolores Bertí, de Figueres, y Sara Jordà, ambas brutalmente asesinadas. Bertí fue detenida por republicanos, insultada y vejada antes de ser asesinada en un camino de Vilafreser.

Jordà, miembro del Socorro Blanco, fue fusilada en el castillo de Montjuic tras ser condenada por el Tribunal de Alta Traición con el visto bueno del presidente de la Generalitat de la época, Lluís Companys, quien afirmó: «Para los traidores, no hay piedad».

Estas historias no son casos aislados, sino una pequeña muestra de los crímenes que permanecen fuera de la narrativa oficial promovida por esta nueva ley, ideológicamente sectaria y abiertamente comunista.

Fosas comunes y checas: las atrocidades ignoradas
La Ley de Fosas de 2009 tampoco incluye en su censo a las víctimas del Frente Popular, como Eusebio Cortés Puigdengoles, desaparecido en Igualada. Su hijo, el presbítero Juan Cortés, relató con dolor:

«Cuando supimos que los habían sacado de la checa, mi madre removió Roma con Santiago para encontrarlos. Nunca supimos dónde los llevaron ni dónde están sus restos mortales».

La checa de San Elías, un antiguo convento, se convirtió en un escenario de horrores durante la Guerra Civil. Según documentos conservados en el Archivo de Toledo, las Patrullas de Control ejecutaban a prisioneros y los arrojaban a cementerios clandestinos. Algunos cuerpos fueron descuartizados y dados como alimento a cerdos, un acto de barbarie que aún hoy estremece.

¿Incluye la nueva ley a estas víctimas? La respuesta es un rotundo no. En palabras de Alcalá, este olvido no es casual, sino deliberado, porque no encaja con la narrativa ideológica que promueve el texto legislativo.

Una definición de víctimas incompleta
La Ley de Reparación Jurídica de 2017, concebida para anular la sentencia de muerte de Lluís Companys, tampoco abarca a las víctimas de las checas, las fosas comunes del Frente Popular ni a los cientos de catalanes juzgados por tribunales populares durante la Guerra Civil.

El artículo 14 del nuevo proyecto define a las víctimas, pero deja fuera a los represaliados por el anarcosindicalismo, socialismo y nacionalismo catalán. Tampoco incluye a los católicos asesinados por su fe, reduciendo a la Iglesia a meras «entidades religiosas» sin mayor consideración.

Un propósito ideológico
El objetivo real de esta ley no es la memoria histórica ni democrática, sino perpetuar un relato que financie proyectos afines a la ideología del separatismo y la izquierda radical. Como señala Alcalá: “Se trata de regar con dinero a chiringuitos que no buscan verdad ni justicia, sino perpetuar su narrativa”.

Si quieren memoria, tendrán memoria
La Ley de Memoria Democrática Catalana ignora a miles de víctimas inocentes que merecen un lugar en la historia. Estos crímenes no pueden ser relegados al olvido ni utilizados como arma política. Como ha demostrado César Alcalá, los datos expuestos son solo una pequeña parte de los horrores cometidos en Cataluña por el Frente Popular.

Si las autoridades catalanas realmente quieren memoria, tendrán memoria. Una memoria completa, justa y que abarque a todas las víctimas, sin importar quién las asesinó.

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