Los jóvenes no pueden irse de casa: la edad media de emancipación supera por primera vez los 30 años. La pérdida de poder adquisitivo y la subida ininterrumpida de los precios de la vivienda dificultan la independencia.

En efecto, la combinación de la subida del precio del alquiler -el alquiler medio supone más del 80% del salario medio de un joven—, la inflación acumulada y la disminución de la renta per cápita en la última década ha incrementado la edad media de emancipación en España hasta los 30,4 años, situándose como la cuarta más elevada de la Unión Europea.

Son las conclusiones del último informe de la cátedra de empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE).

El estudio señala que la precariedad laboral, la tasa de temporalidad, el incremento del precio de la vivienda, las restricciones al crédito junto a unos salarios estancados y la dificultad de acceso a vivienda protegida son factores decisivos en la emancipación de los jóvenes.

Evolución negativa: se retrasa la edad media de emancipación
Esto se ve reflejado en la evolución de la tasa de emancipación de los jóvenes españoles, que ha sido negativa durante la última década, y la edad media de emancipación, que se ha elevado de los 28 a los 30 años durante el mismo período. Estas cifras son considerablemente superiores a las de la UE, donde la media de edad de emancipación son los 26 años.

Los autores apuntan que el problema está ligado a la situación estructural del mercado de la vivienda, por lo que creen necesaria «una mayor oferta de viviendas públicas y privadas, tanto de alquiler como de propiedad, en especial en las grandes ciudades y zonas metropolitanas».

También instan a considerar más incentivos al acceso de los jóvenes adultos al mercado de la propiedad, ya que creen que hay una parte que podrán pagar la mensualidad hipotecaria, pero no acceden a la hipoteca por falta de un ahorro inicial.

En este sentido, proponen como ejemplo a seguir el modelo del Reino Unido, que cuenta con una fórmula de copropiedad donde el Estado asume la responsabilidad de una parte de este ahorro inicial y potencia acuerdos con entidades financieras para que los jóvenes puedan obtener préstamos por encima del 80 % del valor de la vivienda.

Por último, los autores reclaman la necesidad de reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el IVA en viviendas de nueva construcción, siempre que se dedique a primera residencia y no se haya transmitido en los últimos cinco años.

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