Enaire. La organización que se encarga de gestionar el tráfico aéreo en el continente, Eurocontrol, ha congelado 83,7 millones de euros que debe abonar a España.

La justicia belga ordenó a mediados de junio embargar los pagos si nuestro país seguía sin hacer frente a las indemnizaciones reconocidas por la retirada de ayudas a las energías renovables, que alcanzan los 1.800 millones.

La mayor parte de la cantidad bloqueada, casi 80 millones, corresponde a pagos pendientes a la principal accionista de Aena, aunque también se han confiscado otros 3,7 millones destinados al Ejército del Aire.

Eurocontrol notificó el pasado martes a Blasket Renewable Investments que había procedido a congelar los fondos en virtud a la citada resolución judicial. En total, 83,7 millones de euros relativos al mes de junio. El fondo estadounidense aspiraba al embargo de 32 millones, que incluían tanto el montante del laudo original (28 millones) como cuatro millones adicionales que, según el denunciante, se habían acumulado en concepto de intereses de demora.

Fuentes de la compañía sostienen que la orden es «ampliable» y podría beneficiar a otras empresas afectadas, por lo que podrían verse afectados los pagos a Enaire de los próximos meses. «A fecha de hoy, hemos recibido un total de 83,7 millones de euros en concepto de cargos por servicios de navegación aérea del proveedor español de servicios de tránsito aéreo Enaire.

La mayor parte de este importe (79,9 millones) es pagadero a Enaire y, el resto (3,7 millones), al Ejército del Aire», especifica la notificación de Eurocontrol.

La misiva argumenta que esta decisión se toma en virtud a la resolución judicial belga y tras la solicitud de Blasket Renewable Investments.

El texto, de dos páginas, aclara al denunciante que «tenga en cuenta que esta declaración se entiende sin perjuicio de cualquier discusión sobre la validez del embargo realizado, la propiedad de los fondos en cuestión y la inmunidad de ejecución de la que puedan disfrutar, así como de cualquier acuerdo que pueda haberse alcanzado entre España y Enaire».

Enaire es una empresa pública encargada de gestionar la navegación aérea en España. Su tarea resulta vital para que los aviones puedan moverse de manera segura y organizada dentro del espacio aéreo español. Con aproximadamente dos millones de vuelos al año, gestiona 2,2 millones de kilómetros cuadrados.

Además, posee el 51% de Aena, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos con un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros.

Eurocontrol, con sede en Bruselas, es la organización que gestiona el tráfico aéreo en Europa. No es una agencia de la UE, aunque esta le ha delegado buena parte de sus competencias.

Sus actividades involucran todas las operaciones del servicio de navegación aérea: gestión de flujo estratégico y táctico, capacitación de controladores, control regional del espacio aéreo, tecnologías y procedimientos a prueba de seguridad y recaudación de tarifas de navegación aérea.

Es precisamente a esta última función a la que ha invocado Blasket Renewable Investments, consciente de que Eurocontrol debe abonar mensualmente a Enaire las tarifas que generan el tráfico aéreo español. En el último ejercicio financiero, el de 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros. Eso supone que el saldo mensual promedio de la cuenta española ronda los 50 millones.

Un juzgado belga resolvió el pasado 18 de junio intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire si España seguía sin abonar a Blasket Renewable Investments la indemnización por la retirada de ayuda a las renovables.

La resolución que avanzó a este diario responde a una petición registrada ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta por la sala 17 de la Corte de Apelación. El juez señaló que los artículos 1.412 y 1.539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países en caso de impagos.

Las compañías perjudicadas por la retirada de ayudas a las energías renovables hace algo más de una década han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial. De esta cifra, 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro.

 La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario no permite el pago de indemnizaciones decretadas por los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Para no pagar, España apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.

Esa decisión ha llevado a diversas compañías afectadas a acudir a tribunales ordinarios para conseguir vía embargo las indemnizaciones reconocidas que España les niega. Estas alcanzan ya los 1.800 millones de euros, incluyendo intereses de demora, costas y pago a abogados. La resolución de la justicia belga sigue la línea abierta por los tribunales de Reino Unido y Australia, que decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos.

 El primer país que autorizó el embargo de activos españoles en el extranjero fue Reino Unido. Entre los bienes confiscados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorada en más de 900 millones. Unas semanas más tarde, Australia también acordó esa medida, que ya estudia Estados Unidos tras una sentencia histórica contra Rumanía.

Las compañías afectadas por los impagos a las renovables señalan que el Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta para resolver la situación. Lamentan que vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se niegue a «negociar una salida satisfactoria», ya que esta posición «supondrá nuevos embargos, mantendrá la inseguridad jurídica y perjudicará su trayectoria política en Europa».

La ministra de Transición Ecológica lideró la candidatura del PSOE a las elecciones europeas del pasado 9 de junio y aspira a convertirse en comisaria.

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