Carles Puigdemont, volvió este jueves a Cataluña tras siete años de fuga y, después de un breve discurso, se sumergió entre la multitud y volvió a desaparecer sin que los Mossos d'Esquadra procedieran a su arresto.

El movimiento ha dejado en evidencia a la policía autonómica catalana, que activó a la desesperada una 'operación jaula' para localizarle. La escena supone un fracaso para el cuerpo autonómico, que ha guardado con el independentismo una relación desigual a lo largo del procés.

 Puigdemont pudo llegar hasta el centro del Barcelona sin ser detenido. Se desconoce cómo y cuando accedió a España o el tiempo que llevaba en territorio nacional burlando la orden de arresto dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Por lo general, los cuerpos policiales evitan practicar detenciones en el marco de grandes concentraciones de gente para evitar incidentes, pero lo habitual es que las fuerzas de seguridad infiltren agentes de paisano entre las aglomeraciones.

 Los Mossos d'Esquadra también cuentan con sus propios agentes de Información con herramientas para investigar y detectar los movimientos de todo tipo de delincuentes. Ninguna medida policial evitó que el prófugo de la justicia desapareciera de nuevo. Numerosos efectivos policiales antidisturbios de la policía catalana aguardaban en torno al perímetro de seguridad establecido alrededor del Parlament, pero apenas eran visibles en el lugar donde Puigdemont ofreció su discurso junto al arco del triunfo.

 Fuentes policiales del cuerpo autonómico consultadas hablaban durante de la mañana de "vergüenza" sumidos en el desconcierto. Algunas voces ya apuntan a la necesidad de dimisiones en la cúpula. Desde Madrid, un portavoz del Ministerio del Interior informó a este periódico que el ministro Fernando Grande-Marlaska está recibiendo información sobre lo sucedido, pero delegan toda la responsabilidad sobre el cuerpo autonómico.

 Los Mossos d’Esquadra ya establecieron un plan secreto para detener Puigdemont en 2017. Se gestó dos días antes de que el expresidente proclamara la declaración unilateral de independencia. Lo desveló el que fuera máximo responsable del cuerpo en esas fechas, José Luis Trapero, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio del procés.

En ese momento, el mando policial estaba investigado en la Audiencia Nacional por sedición y se enfrentaba a 11 años de prisión. La revelación de aquel plan suponía poner tierra de por medio entre él y Puigdemont, con el que en el pasado había compartido momentos de ocio, guitarra y canciones en casa de la periodista Pilar Rahola en Cadaqués.

 Amplio dispositivo de seguridad alrededor del Parlament
La policía autonómica no dejó constancia escrita de aquel operativo de arresto, pero llegó a mandar un informe a la Audiencia Nacional en el que lo confirmaba:

“Trapero encargó a los dos comisarios superiores la planificación de un dispositivo policial que contemplase la operativa necesaria para poder dar cumplimiento a una posible orden judicial por la que se encargase al Cuerpo de Mossos d'Esquadra proceder a la detención del presidente de la Generalitat de Cataluña y/o de los miembros de su Gobierno”. El plan era reservar a los mandos más altos del cuerpo la misión de efectuar los arrestos.

 Los dos comisarios que recibieron el encargo fueron Juan Carlos Molinero y Ferrán López que ya no están en ese puesto. El segundo fue un mando clave para restablecer las relaciones rotas entre los Mossos y el Ministerio del Interior tras lo sucedido el 1-O y los recelos que había despertado la actuación de la policía catalana en el referéndum. Desde Madrid se abrazó la tesis de la traición de los Mossos que impulsó, entre otros, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, mando único de todas las fuerzas de seguridad aquel día.

De los aplausos a las críticas
Acusaba a Trapero de desplegar un número insuficiente de policías en los colegios electorales y de no apoyar a la Policía y a la Guardia Civil, que se afanaron en solitario en unas cargas policiales que dieron la vuelta al mundo. En la calle, los independentistas aplaudían a los Mossos por su actitud, en contraposición con el rechazo furibundo hacia las fuerzas de seguridad del Estado llegadas en barco al puerto de Barcelona y alojadas en hoteles donde fueron cercados e intimidados.

 Según cuentan los testigos de aquellos momentos decisivos a este periódico, lo que subyacía debajo de esa guerra era una lucha de egos entre Trapero y Pérez de los Cobos y también una diferencia en la interpretación de la orden judicial de impedir el referéndum. Frente a la contundencia de la Policía y la Guardia Civil, Trapero se aferró a una frase del auto de la juez en el que llamaba a no provocar alteraciones del orden público.

Esa disyuntiva se presentó también este jueves con un Puigdemont parapetado por miles de seguidores. Expertos en seguridad y orden público indican que lo ideal era detenerlo antes para evitar posibles disturbios. Al menos en 2020, la Justicia saldó el debate en favor de Trapero.

El mando resultó absuelto en la Audiencia Nacional y la sentencia avalaba la actuación de los Mossos el 1-0: “El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo”.

 El Tribunal Supremo, en cambio, sí condenó al superior político de Trapero, el conseller de Interior, Joaquim Forn. Los jueces consideraron que poner a dos mossos en la puerta de cada colegio era una “cínica” estrategia para simular que se cumplía la orden judicial a sabiendas de que ese despliegue era insuficiente para impedir la votación. Ahora el Gobierno está en manos de ERC, enfrentado a Puigdemont, y la Consellería de Interior la dirige Joan Ignasi Elena, con pasado en el PSC. Este cargo quedá señalado tras el operativo fallido de este jueves.

Los aplausos del independentismo a los Mossos en 2017 se tornaron en críticas feroces en 2019 y la petición de dimisión de su nuevo conseller de Interior, Miquel Buch, también independentista. Este cambio radical de actitud con la policía autonómica tuvo lugar durante los disturbios que incendiaron Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a Oriol Junqueras y el resto de integrantes del Gobierno de Puigdemont, que optaron por no fugarse.

Las calles de la ciudad condal fueron testigo de cómo los Mossos d’Esquadra acudían en ayuda de la Policía Nacional durante momentos claves de aquella semana. Codo con codo, los Mossos y la Policía Nacional repelieron los ataques violentos de los independentistas, como en el asedio en la comisaría de Vía Laietana y la plaza de Urquinaona. La ley de amnistía ha dejado sin responsabilidad todos aquellos incidentes violentos en los que hubo agentes que resultaron gravemente heridos.

La misma ley de amnistía también salvó al discutido Miquel Buch y al exescolta de Puigdemont, el mosso Lluis Escolà. El exconsejero de Interior había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 20 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Su delito fue contratar en 2018 a Escolà, condenado a cuatro años, para que hiciera de escolta del expresidente fugado. 

Este tipo de conductas particulares dificultaron a los Mossos sacudirse del todo las sospechas de connivencia con la causa de Puigdemont.

Desde Trapero, el cuerpo ha tenido otros responsables (López, Estela y Sallent) que siempre han sido escrutados en su grado de fidelidad a las posiciones independentistas. Durante la pasada campaña electoral, el candidato socialista Salvador Illa prometió recuperar a Trapero para dirigir la Policía en caso de ganar las elecciones.

  Si hubiese que buscar un precedente a lo que se podrá vivir este jueves en Barcelona, habría que remontarse al mes de marzo del año pasado, cuando fue detenida la consellera Clara Ponsatí, fijada junto a Puigdemont desde 2017. Regresó a Cataluña después de cinco años y su arresto se llevó a cabo en plena calle por un mosso sin uniforme que la conminó a introducirse en un coche policial sin logotipos policiales.

La escena fue captada por multitud de cámaras y medios de comunicación, mientras un grupo reducido de gente jaleó a la mujer y pidió a los policías que la dejasen. Este jueves, los Mosos no han sido capaces de conseguir el mismo desenlace.

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