Llarena reclama a Interior y a los Mossos informes por el "fracaso" del operativo que no logró detener a Puigdemont
El juez del Tribunal Supremo Pablo LLarena ha pedido a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio de Interior informes sobre el "fracaso" de los dispositivos desplegados este jueves para detener a Carles Puigdemont.
El magistrado considera que "habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía" estuvo en Barcelona minutos antes de la investidura de Salvador Illa para presidir un mitin y logró "evadirse a su terminación", debe saberse cuál era el operativo aprobado. Asimismo, pide información sobre los "agentes responsables del diseño del operativo" y de aquellos a los que se encargó su ejecución.
Llarena exige que se detallen los elementos que determinaron el fracaso del dispositivo desde el punto de vista técnico policial. El juez pregunta cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para la detención del expresident tanto en la frontera como en la capital catalana.
Además, reclama información sobre las órdenes posteriores que fueron cursadas tras la segunda fuga del líder de Junts. El conseller de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, y la cúpula de los Mossos comparecen a las 11.00 en rueda de prensa para dar cuenta del dispositivo policial.
El instructor del procés decidió mantener hace un año los delitos de desobediencia y malversación al expresident de la Generalitat. Llarena retiró por aquel entonces el delito de sedición, previamente derogado, dejando sin efecto las euroórdenes de detención dispuestas. El juez, no obstante, ordenó la busca y captura de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia.
Puigdemont presentó un escrito el pasado mes de julio ante el Tribunal Supremo para pedir al magistrado Pablo Llarena "el levantamiento de las medidas cautelares", en referencia a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.
El abogado del expresident, Gonzalo Boye, precisó que "los presuntos actos atribuidos", calificados de delito de malversación de caudales públicos, habrían existido "con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación" celebrado el 1 de octubre de 2017.
Esto quiere decir que lo presuntos delitos se habrían cometido en el marco del procés, por lo que entrarían en la recién aprobada ley de amnistía.
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