48 horas después de sus críticas al Tribunal Supremo, al que acusó de «extralimitarse» al no aplicar la ley de Amnistía a Carles Puigdemont, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha amparado en la «libertad de expresión» y ha asegurado que no hay un intento del Gobierno por presionar al Alto Tribunal.

«No hago ninguna descalificación del Supremo, critico una resolución concreta», ha justificado en una entrevista en Espejo Público.

Aunque ha intentado matizar sus palabras, el titular de la cartera de Transportes se ha reafirmado en sus críticas al Supremo, al que atribuye ahora «hacer interpretaciones que son muy difíciles de entender».

La máxima autoridad jurisdiccional de España rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación, que consideran expresamente excluido de la ley. El efecto inmediato de esa decisión fue que las órdenes de detención contra Puigdemont y los también huidos Toni Comín y Lluis Puig seguirían activas.

Para el ministro, lo que ha hecho el Supremo es considerar que «hay enriquecimiento» de los principales condenados y prófugos del 'procés', una visión que no comparte. «Eso, perdóneme, pero ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica elemental se entiende», ha incidido. Ha matizado, así, que cuando se convoca un referéndum ilegal «se ponen urnas y se afrontan gastos para hacer ese referéndum, pero no hay un enriquecimiento personal de quienes lo organizan«.

El titular de Transportes ha manifestado que, en estos momentos, «hay acusados de malversación que están disfrutando de la amnistía y otros que no», y es de eso de lo que, a su juicio, «se debería preocupar el Supremo». Por tanto, lo que considera que debe hacer el Poder Judicial es «aplicar la ley en sus términos».

Puente ha insistido en que «el tenor literal de la ley es claro, y lo que hace el Supremo interpretándola es prescindir de ese tenor literal».

 Ante las crecientes críticas de la carrera judicial por las presuntas intromisiones y presiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en concreto Óscar Puente, a las decisiones judiciales, el ministro se ha escudado en la «libertad de opinión» y ha subrayado que en sus palabras no hay ninguna descalificación del Supremo, sino que sólo pide «que los tribunales se pronuncien conforme a derecho».

Según ha precisado Puente, lo que hace el Gobierno es «defender la aplicación de las leyes» en nuestro país. «Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas«, ha pronunciado, al tiempo que ha recordado que también los jueces criticaron al Gobierno y al Congreso cuando se estaba debatiendo la ley. «¿Pero eso a nadie le pareció una interferencia?», se ha preguntado.

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