Óscar Puente, ha anunciado este viernes el cese del subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por su condición de investigados en el caso Koldo.

"Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan", ha indicado Puente en el Senado durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, convocada a petición del PP.

El titular de Transportes ha subrayado que los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio "se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión" de cesar a ambos, a los que el juez tiene previsto interrogar en septiembre como investigados.

La auditoría ha encontrado, entre otras deficiencias, la falta de justificación de la elección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria, cuando era la peor valorada. El ministro ha relatado, entre otras deficiencias, que no estuvo suficientemente documentada la búsqueda de otros candidatos para la compra de material sanitario y que hubo una ausencia de actos formales de suministro en las entregas.

 La auditoría también alude a que fue excesiva la intervención de personas ajenas al Ministerio en el proceso de compra y Puente ha apuntado que es una referencia al empresario Víctor de Aldama, y no a Koldo García, quien en aquel tiempo sí pertenecía al departamento que entonces dirigía su antecesor José Luis Ábalos.

 El titular del departamento encargó en febrero de este año a la Inspección General de los Servicios auditar los dos contratos adjudicados por emergencia a la empresa Sociedad de Gestión por Adif, Puertos del Estado y el propio Ministerio para la compra de mascarillas en los momentos más duros de la pandemia.

En el caso Koldo, el juez Ismael Moreno investiga una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. La causa recibe su nombre de Koldo García, quien fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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