Fernando Grande-Marlaska, ha denegado la solicitud de protección internacional a Hammou Ali, un joven saharaui de 30 años, sordo y enfermo de cáncer, que provenía de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Ali, que llevaba detenido desde el lunes en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, ahora se enfrenta a la deportación a Marruecos.

Su equipo legal ha criticado la decisión, argumentando que el Gobierno de Sánchez ha ignorado las pruebas que demuestran la vulnerabilidad de Ali, debido a su discapacidad y grave enfermedad. Además, el joven es un activista en favor de la independencia saharaui, según documentan fotografías incluidas en el expediente judicial que muestran su participación en protestas en los territorios ocupados por Marruecos desde 1976.

 El rechazo de la solicitud de Ali ocurre en un momento en que los solicitantes de asilo saharauis están aumentando en el aeropuerto de Madrid. Las autoridades españolas han sido criticadas por denegar sistemáticamente la protección a estos refugiados, a pesar de la represión que sufren en los territorios controlados por Marruecos.

«El gobierno español parece estar colaborando con Marruecos, denegando solicitudes de asilo sin considerar el contexto de opresión en el que viven los jóvenes saharauis», denuncian fuentes cercanas al caso.

Hace pocos días, en un caso similar, el Ministerio del Interior permitió finalmente la entrada en España del activista saharaui Abdelsalem Abdullah Khalifa, después de que su situación generara polémica en los medios y redes sociales.

Ali Salem Tamek, un histórico activista saharaui vinculado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), denunció recientemente que las condiciones de vida en los territorios ocupados por Marruecos están empujando a los jóvenes saharauis a buscar refugio en otros países.

Según Tamek, «la ocupación marroquí impone una política deliberada de empobrecimiento y represión, lo que obliga a los jóvenes a emigrar». Estas declaraciones, coinciden con las denuncias sobre las redes de tráfico humano que facilitan la salida de jóvenes saharauis del Sáhara Occidental hacia Europa.

Amnistía Internacional, en su informe anual más reciente, ha documentado los abusos cometidos contra los activistas saharauis durante el último año. La organización destaca las restricciones a la libertad de reunión en los territorios ocupados.

Entre otros casos, relata la vigilancia policial sufrida por la activista Mahfouda Lefkir en su domicilio en El Aaiún, tras haber mostrado su apoyo a otros activistas en Dajla, al sur del Sáhara Occidental. Según el informe, las fuerzas del orden acosaron y agredieron a las personas que la visitaban y sometieron a su familia a insultos y vejaciones.

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