La reciente aprobación de la Ley Orgánica 4/2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de octubre, ha constatado el rumbo de las políticas de privacidad y control poblacional en España y el resto de la Unión Europea hacia un estado policial.

Esta norma, que modifica la Ley Orgánica 7/2014, obliga ahora a incluir datos biométricos de los condenados en el Registro Central de Penados, y refuerza el intercambio de información penal entre Estados miembros. Esto representa una seria amenaza para la privacidad y un paso más hacia un “estado policial europeo”, donde la vigilancia y el control poblacional se establecen como prioridad. Veamos por qué.

Biometría y control poblacional: Una amenaza directa a la privacidad
La principal novedad de la Ley Orgánica 4/2024, recoge Diario 16, radica en la obligación de registrar y compartir datos biométricos, como la imagen facial y las huellas dactilares de los condenados, en el sistema ECRIS de la UE.

Ahora bien, esta información se compartirá no solo para delitos graves, sino también para infracciones menores, ampliando el acceso a datos biométricos entre todas las fuerzas de seguridad europeas. Según esta normativa, incluso delitos menores como conducir bajo los efectos del alcohol, denuncias, aunque sean falsas, de la denominada violencia de género, o conflictos menores entre vecinos implicarán el registro de datos personales de por vida en el sistema europeo. 

En definitiva, todas las personas que tengan una falta estarán controlados en todos los aspectos -sus huellas y rostro estarán a disposición de todas las policías, jueces y fiscales de la UE. Un auténtico estado policial.

Con esta medida, la privacidad de los ciudadanos queda relegada, priorizando un control poblacional en toda la región.

Registro de Menores: Un nuevo peligro para la privacidad infantil
Una de las disposiciones más perniciosas de la Ley Orgánica 4/2024 es la creación de un Registro Central de Menores. Este registro no solo incluirá las sentencias firmes, sino también las medidas cautelares y requisitorias de todos los menores implicados en causas judiciales, tanto nacionales como no comunitarios.

La excusa que se da es que es para “combatir la delincuencia juvenil” y facilitar el acceso a información relevante en casos complejos. Sin embargo, los especialistas en protección de datos advierten de los riesgos que implica almacenar y compartir información sensible sobre menores.

“¿Debe tener la policía rumana los datos de un gamberrete de Sant Adriá?”, se subraya el impacto que esto puede tener en la vida de jóvenes que podrían ser registrados por infracciones menores.

Gestionar internacionalmente y proteger datos relacionados con menores, que incluyen no solo sentencias, sino también medidas previas no solo añade una capa de complejidad al sistema de protección de datos, sino que aumenta el riesgo de accesos indebidos y uso inadecuado de estos datos.

ECRIS-TCN y el control de nacionales de terceros países
Además, la reforma también refuerza el sistema centralizado ECRIS-TCN, que permitirá a los Estados miembros acceder en tiempo real a la información penal de nacionales de terceros países.

Esto supone que, si un ciudadano no comunitario tiene antecedentes en un Estado miembro, su información será registrada y compartida sin demoras en toda la UE. Esta medida parece destinada a un control poblacional que vulnera los derechos de privacidad de estos ciudadanos, quienes ya están sujetos a normas migratorias estrictas.

Como destaca un experto en privacidad: “Nadie querrá ser el responsable de una fuga de datos que incluya las huellas y fotos de un delincuente internacional. Porque nadie puede certificar lo que hará la policía búlgara con los datos biométricos de un señor de Móstoles, por ejemplo, ni que se sus datos se «vendan» a terceros o alguien les haga chantajes.

Así, se evidencian los riesgos de posibles abusos y fugas de información, cuestionando la seguridad de este sistema a nivel europeo.

Flexibilidad en el intercambio de datos: Un riesgo para la seguridad
Otro aspecto polémico de la Ley Orgánica 4/2024 es la flexibilización en el intercambio de datos penales entre los Estados miembros. Ahora se facilita permitiendo un acceso rápido y casi sin limitaciones. Incluso las condenas de nacionales de terceros países y en terceros países deberán compartirse con la misma diligencia, generando así un flujo de información masivo.

Para los gestores de bases de datos, esto supone un reto enorme, ya que cualquier fichero que no esté registrado en ECRIS podría considerarse ilegal.

Los responsables deberán extremar el control de sus sistemas y datos, dado que «en el nuevo esquema europeo, no compartir significa esconder”, advierten especialistas en ciberseguridad. Este marco rígido de intercambio masivo de información aumenta la carga sobre los responsables de datos y presenta un desafío de ciberseguridad que no debe ser ignorado.

Ciberseguridad en riesgo: Objetivos de Ciberataques
El aumento en la centralización de datos críticos en sistemas como ECRIS y ECRIS-TCN también expone a los Estados miembros a un mayor riesgo de ciberataques. La acumulación de información crítica sobre millones de ciudadanos y no comunitarios hace de estos sistemas un objetivo atractivo para hackers y otros actores malintencionados. Además, los errores en la gestión de estos datos podrían derivar en consecuencias muy costosas.

«Los errores en la gestión de esta información pueden salir muy caros», advierte un experto en ciberseguridad, dado que el acceso indebido o mal uso de estos datos puede tener graves implicaciones para la privacidad de los ciudadanos y la seguridad de los Estados.

¿Hacia un Estado policial europeo?
Con la Ley Orgánica 4/2024, la UE se encamina hacia un control poblacional sistemático, hacia un estado policial basado en el registro y la centralización de datos biométricos y penales.

El alcance de esta medida provoca grandes dudas y suspicacias sobre si realmente es una herramienta para la seguridad o una amenaza a la privacidad y la libertad de los ciudadanos. La implementación de esta ley parece ser más un paso más hacia un “estado policial europeo” donde, bajo la bandera de la seguridad, se instale un sistema de vigilancia masiva.

Además, la centralización y el intercambio flexible de información entre Estados miembros amplía el control gubernamental sobre los ciudadanos, dejando en entredicho el respeto por su privacidad y aumentando el riesgo de que cualquier error o acceso indebido tenga repercusiones irreparables.

La Unión Europea debe plantearse hasta qué punto estas políticas de control de datos biométricos se justifican, o si, por el contrario están sacrificando los derechos fundamentales de los ciudadanos con un sistema de vigilancia sin precedentes.

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