El juez encarga a la Guardia Civil la investigación a la empresa de la exdirectora del Instituto de las Mujeres

El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad valenciana de Mislata ha solicitado una investigación a la Guardia Civil sobre las adjudicaciones públicas que recibieron las empresas de las exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García y su pareja.

Conforme informó IEN el pasado 5 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia abrió diligencias tras la denuncia presentada por Manos Limpias respecto a 64 contratos menores -adjudicados sin concurso público-, la mayoría procedentes de ayuntamientos gobernados por el PSOE.

 Como detalló este periódico, el magistrado trasladó el asunto a otro de Mislata, a cuyo partido judicial corresponde Xirivella, localidad en la que tiene su sede Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad, la empresa creada por Isabel García en 2022.

En el marco de las diligencias abiertas, Instrucción 4 de Mislata ha encargado un informe a la Guardia Civil respecto a los contratos para gestionar Puntos Violeta y otras actividades relacionadas con la igualdad y la diversidad.

 Manos Limpias considera que los hechos podrían ser constitutivo de delitos de falsedad de documento público, prevaricación y tráfico de influencias. La organización denunciante cifra en los 250.000 euros el importe facturado por las empresas de García, quien fue destituida el pasado mes de julio como directora del Instituto de las Mujeres tras destaparse su doble faceta de política con un cargo dependiente del Ministerio de Igualdad y empresaria.

En paralelo, el Juzgado de Mislata ha pedido otro informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la pertinencia de aceptar la investigación ya que, según avanza Las Provincias, el magistrado alberga dudas al respecto toda vez que las empresas denunciadas recibieron adjudicaciones desde otros puntos de España.

Con todo, ha dado traslado de la denuncia de Manos Limpias a García y su pareja para garantizar que puedan personarse y ejercer su derecho de defensa, aunque inicialmente no ha acordado su citación.

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