La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha terminado el registro en el despacho del fiscal general del Estado tras más de diez horas, como parte de la investigación que el Tribunal Supremo (TS) lleva a cabo contra Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos.

Los agentes han iniciado la entrada y registro en torno a las 12.30 horas y han concluido sobre las 23.00, poniendo fin a así a una larga jornada en la sede de la Fiscalía General del Estado. Se da la circunstancia de que sobre esa misma hora (las 13.00) estaba previsto un acto de presentación del último número de la Revista del Ministerio Fiscal, que se ha cancelado minutos antes.

La UCO ha actuado por orden del instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, que en un auto daba vía libre para desde las 10.00 y «durante las horas que resultasen precisas» registrar el despacho de García Ortiz en busca de la información contenida en «dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos».

 En concreto, el magistrado del TS ha autorizado «la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas».

Ha autorizado incluso la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, «así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)». También ha dado luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de «la información contenida en servidores».

Clonado de dispositivos
Hurtado ha fijado dos límites: uno sustantivo, que la información pueda tener relación con el delito de revelación de secretos investigado; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. Al menos, se ha llevado a cabo el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores.

El instructor, que ha declarado el secreto de las actuaciones, ha explicado que esta entrada y registro obedece a la necesidad de «evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación». El magistrado, además, ha dado las mismas órdenes respecto a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en este procedimiento judicial.

Emplaza al fiscal a buscar abogado
Esa misma mañana, sobre las 9.20, Hurtado había emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión, indicando que hasta ahora no consta que esté representado, mientras que Rodríguez sí lo está por la Abogacía del Estado. Fuentes fiscales avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del jefe del Ministerio Público en este caso.

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