Un reciente análisis basado en una auditoría realizada por la consultora EY (Ernst & Young) a Cruz Roja Española en 2023 ha destapado datos que han generado controversia sobre el modelo de gestión y la magnitud de su actividad económica en los últimos años.

Tal y como ha adelantado el exdiputado Pablo Cambronero en un hilo de X (antes Twitter), uno de los aspectos más sorprendentes del informe es el gasto en personal, que alcanzó los 476 millones de euros en 2023, un incremento de casi 50 millones respecto al año 2022.

Sin embargo, el documento no especifica cuántos empleados conforman la plantilla, cuáles son sus funciones ni bajo qué regímenes laborales se encuentran. Esta falta de detalles ha generado críticas sobre cómo se justifica un aumento tan significativo en este apartado y ha puesto el foco en la opacidad de su gestión interna.

 El patrimonio de Cruz Roja también ha levantado polémica, especialmente tras conocer que la ONG cuenta con existencias como lingotes de oro. Además, posee un vasto inventario de bienes inmuebles que alquila para generar ingresos a largo plazo, lo que refuerza la percepción de que su modelo se asemeja más al de una empresa que al de una entidad sin ánimo de lucro.

Aunque esta estrategia es legal, plantea interrogantes éticos sobre cómo Cruz Roja ha llegado a acumular un patrimonio de tales dimensiones.

Otro punto de controversia es la venta de material sanitario y los ingresos derivados de arrendamientos e inversiones inmobiliarias, actividades que parecen más propias de una empresa comercial.

Además, el informe señala que en 2022 Cruz Roja destinó apenas cuatro millones de euros al Fondo de Cooperación Internacional, una cifra que representa menos del 1% de su presupuesto total. Esta proporción ha generado críticas por parte de quienes consideran que la organización debería priorizar su labor humanitaria en lugar de enfocarse en actividades económicas.

Las prestaciones laborales también han sido objeto de análisis. Según la auditoría, hay discrepancias en las partidas relacionadas con «premios de antigüedad», jubilaciones e indemnizaciones por despido, lo que ha llevado a cuestionar la claridad en la gestión de estos beneficios.

Para Cambronero, esto refleja un sistema administrativo que carece de la transparencia necesaria para una entidad que opera con fondos públicos y donaciones.

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