El Gobierno quiere cobrar a la Generalitat los análisis para retirar el lodo de la DANA

El discurso oficial del Gobierno de Pedro Sánchez asegura haber comprometido «toda la ayuda que sea necesaria» para colaborar en la labor de reconstrucción de las comarcas arrasadas por la DANA. «Por tierra, mar y aire» llegó a decir el propio presidente en su primera intervención pública tras la tragedia del 29 de octubre.

El Ejecutivo central ha aprobado desde entonces dos paquetes de ayudas que suman 14.000 millones de euros, aunque una parte no menor de esa cifra, 5.000 millones, son avales, de modo que ese dinero se tendrá que devolver.

Pero ese discurso oficial no encaja siempre con los hechos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant, ha remitido a la administración autonómica una «propuesta de investigación» respecto a la composición de los lodos que deben retirarse de las localidades afectadas por la riada.

Una investigación necesaria para poder trasladarlos a una ubicación, dentro de los cauces de dominio público hidráulico, donde no puedan tener un impacto ambiental negativo. El CSIC detalla en su informe, que no viene firmado, los análisis y comprobaciones a efectuar, pero acaba señalando que el coste de la investigación es de 320.000 euros «impuestos no incluidos». Así ha sido recibido por la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

 Se trata, se indica, de un «presupuesto total estimado», que incluye costos de materiales, mano de obra técnica, análisis fenotípicos y moleculares, así como gastos operativos asociados. «Si se requiere mayor volumen de muestras o análisis adicionales, el costo puede incrementarse proporcionalmente», se advierte además.

En concreto, el CSIC estima que la sectorización de la zona supone un coste de 10.000 euros «impuestos no incluidos»; la monitorización de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las muestras de rutina, así como el 10% de análisis específicos de las muestras asciende a 250.000 euros «impuestos no incluidos»; y la monitorización de compuestos orgánicos otros 60.000 euros, también con «impuestos no incluidos».

El CSIC pone en valor la necesidad de acometer esta investigación, porque «no solo permitirá la sectorización de la zona a estudiar sino también la identificación de los riesgos asociados a los vertidos de fangos en situaciones de emergencia, sino que también ofrecerá información clave para el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación.

Los resultados contribuirán al diseño de políticas públicas más robustas, garantizando una gestión sostenible y conforme con los principios del enfoque de Una Sola Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental». En resumen, la investigación propuesta «aborda un problema crítico derivado de eventos extremos como la DANA, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental de la Comunidad Valenciana y la Unión Europea».

Pero claro, el documento remitido a la administración autonómica incluye el coste de la realización de esa investigación. El dato sólo puede haberse incluido con la obvia intención de que se abone su coste.

El miércoles de la semana pasada, Generalitat y Gobierno central acordaban el depósito de los sedimentos retirados en las zonas afectadas por la DANA en la desembocadura del río Turia, con el objetivo de facilitar las labores de limpieza y reconstrucción de estas áreas, en la medida que los análisis confirmen su inocuidad, «dado que los primeros resultados corroboran que se trata mayoritariamente de tierras y arenas arrastradas por la corriente».

El CSIC advierte que si se requiere mayor número de muestras o análisis adicionales, el coste aún puede incrementarse

 Pero el CSIC se ofreció a realizar una investigación más detallada. «Estos residuos, provenientes tanto de aguas residuales urbanas como de escorrentías contaminadas, representan un desafío crítico para la gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente. En este contexto, la evaluación de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos de estos materiales se convierte en una prioridad para garantizar una gestión adecuada que minimice los riesgos para el medio ambiente y la salud pública», señala.

La propuesta de investigación detalla que los vertidos previstos a la Rambla del Poyo, como una medida necesaria para gestionar los excedentes generados, «tienen implicaciones importantes que deben ser cuidadosamente consideradas».

La Rambla del Poyo, al recibir estos vertidos, actúa como un «sistema de transporte hacia uno de los ecosistemas más valiosos y sensibles de la región: el Parque Natural de la Albufera». Este humedal, reconocido por su biodiversidad y su importancia ecológica, está protegido bajo diversas figuras legales, incluidas las directivas europeas de Hábitats y Aves, «lo que subraya la necesidad de evitar cualquier impacto ambiental significativo en su equilibrio natural». El documento no alude en cambio a otros puntos de posible acopio de lodos, como el rio Turia.

El CSIC, que no aclara si la investigación la acometería de forma directa o mediante la contratación de un tercero, advierte de que el vertido de fangos a la Rambla del Poyo «puede conllevar la transferencia de contaminantes hacia la Albufera, un ecosistema de alta sensibilidad ambiental».

La acumulación de nutrientes, como nitratos y fosfatos, «podría desencadenar procesos de eutrofización, alterando las comunidades acuáticas y disminuyendo la calidad del agua».

Asimismo, la posible presencia de contaminantes emergentes, incluidos residuos de medicamentos y microorganismos patógenos, «podría representar un riesgo para las especies que habitan este entorno y para las actividades humanas, como la pesca, la agricultura y el turismo sostenible».

Por ese motivo, indica que el objetivo de su investigación debe de ser «determinar el impacto medio ambiental que los fangos vertidos a la Rambla del Poyo y a la Albufera.

Para completar este objetivo, primero se necesita realizar una sectorización de las zonas incluidas en el estudio (Rambla del Poyo y la Albufera), y posteriormente realizar una evaluación de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos en los fangos que serán vertidos a la Rambla del Poyo y de las condiciones de la Albufera.

En particular, se analizará su composición para identificar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública, así como para proponer medidas de gestión adecuadas que minimicen su impacto en el Parque Natural de la Albufera».

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