La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al Tribunal Supremo (TS) un informe donde señala la "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de información sensible sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si bien desde el Ministerio Público se percibe como meras "inferencias", según fuentes fiscales que recuerdan que había otras posibles vías de filtración.

La UCO achaca a García Ortiz ese papel "preeminente" tras analizar las comunicaciones de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada, entre el 8 y el 14 de marzo, cuando el Ministerio Público publicó la nota informativa donde dio cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.

Los investigadores concluyen que "desde las 21:59 (del 13 de marzo), hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".

En la sede de Fortuny critican que la UCO refleja en su informe meras "inferencias" sin aportar "prueba" alguna de que García Ortiz estuviera detrás de las filtraciones investigadas. Además, las fuentes fiscales subrayan que esa labor de deducción es propia de los jueces, no de Guardia Civil o Policía.

LA DACIÓN DE CUENTAS

En lo sustantivo, las fuentes consultadas recriminan a la UCO que en sus "deducciones" obvia la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a sus superiores de los asuntos importantes.

A ello añaden que ya a las 22:10 horas del 13 de marzo, es decir, poco después de que García Ortiz recibiera los correos electrónicos en cuestión --reenviados por Rodríguez, que a su vez los recibió de Salto--, La Sexta informó del contenido de los mismos.

La Abogacía del Estado, en nombre del fiscal general del Estado, ya apuntó en uno de sus escritos que resulta impensable que en el lapso de apenas 10 minutos diera tiempo a que se filtrara, preparara y publicara la noticia.

Por otro lado, el informe de la UCO atribuye también a la Fiscalía General del Estado la filtración de la denuncia presentada por el propio Ministerio Fiscal contra González Amador por presuntos delitos fiscales. Y ello, expone en su informe, porque Rodríguez le remitió "todo" el material a la FGE el 7 de marzo y poco después, el 12 de marzo, se publicó en prensa.

Sobre esto, las fuentes fiscales recalcan que ese 7 de marzo la denuncia ya había salido sobradamente de la esfera del Ministerio Público. Según documentación, Rodríguez envió la denuncia al Decanato de los Juzgados de Madrid el 20 de febrero; en estos quedó registrada el 5 de marzo y se entregó a la Agencia Tributaria el 7 de marzo.

Así, las fuentes fiscales hacen hincapié en que ese día la denuncia ya había sido conocida, además de por la Fiscalía, por los juzgados madrileños y Hacienda. En cualquier caso, recalcan que dar una denuncia no es delito porque cuando se trata de una causa relevante con interés informativo la información se hace pública.

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