La defensa del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) en el que asegura que pactó con el exministro José Luis Ábalos que le entregaría un piso valorado en 1,9 millones en el Paseo de la Castellana como "garantía" de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos "preadjudicados" de obra pública.

El escrito, que contiene pruebas y conversaciones entre los implicados, incide en que "la solicitud de dádivas fue constante, y fueron varias las atenciones solicitadas, además de los ingresos de efectivo, y el abono del alquiler del piso en Torre Madrid, ocupado por doña JRG, quien mantenía una relación particular" con Ábalos.

"Entre otras relaciones económicas, se proyectó una operación, por la cual Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid", propiedad de Aldama, sostiene el documento.

Este inmueble sería la "garantía" del cumplimiento del "compromiso" por parte de "determinadas constructoras" de "abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, preadjudicados, esto es, decididos antes de su licitación".

Aldama asegura que con este objetivo se llegó a concertar el 24 de abril de 2019 una especie de contrato fiduciario que reflejaba un alquiler con opción a compra y que expiraba el 14 de febrero de 2024. Según el escrito, esta misma operativa se siguió en relación con la compra en la provincia de Cádiz del chalet adquirido por la sociedad Have Got Time y que Ábalos habría disfrutado en vacaciones.

 "Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana número 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros antes de su reforma", agrega. Este contrato le permitía "asegurarse el cobro de las comisiones futuras" y, "una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo", expone.

En este sentido, Aldama aclara que "el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos". "De hecho, se encontraban realizándose obras de reforma que impedían su ocupación y, obviamente, no se pagó renta alguna, al tratarse de un mero contrato de fiducia", señala el presunto conseguidor.

Reparto de comisiones
Aldama también hace referencia al "reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios". Sobre este extremo, indica que "la mayoría de estos contratos fueron adjudicados a tres empresas relacionadas con Koldo García": Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.

Según afirma, los responsables de dichas compañías fueron "avistados" con Koldo García por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los seguimientos realizados en el marco de la investigación. Y recalca que, "como complemento", dispone de una "relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras".

El empresario adjunta capturas de pantalla de al menos tres documentos en los que "aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados".

Según De Aldama, se trataría de "empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias". "La investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en "rosa", añade.

La defensa ha presentado este escrito al considerar que "tras la declaración judicial" de Aldama en la Audiencia Nacional "se hace preciso realizar alegaciones complementarias y aportar determinada documentación, sin perjuicio de analizar y poner en contexto la declaración, en relación con otros datos que ya se contienen en informes elaborados por la UCO".

En este sentido, dice que las alegaciones que presenta "tratan de poner de manifiesto que ya a finales de 2018 y principios de 2019 las relaciones de Aldama y el ministro Ábalos se fueron progresivamente estrechando".

Y subraya que, "en el ámbito de la colaboración con la Administración de Justicia", ve necesario "exponer el inicio de las relaciones entabladas entre Aldama, Koldo García y Ábalos, y su evolución hacia el establecimiento de relaciones económicas de interés recíproco".

El expediente de concesión de la medalla
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional que se encarga de instruir el caso Koldo ha pedido a la Guardia Civil que le facilite "el expediente de concesión de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Aldama", situado por los investigadores como presunto conseguir y "nexo corruptor" de la trama.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 también se dirige al Ministerio del Interior para que faciliten el expediente completo del comandante del Instituto Armado investigado en la causa, Rubén Villalba, "relativo a su nombramiento como agregado de la Embajada de España en Venezuela".

 El magistrado accede de esta forma a lo solicitado por la acusación popular que ejerce Hazte Oír al considerar "que los datos obrantes en ambos expedientes pueden resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones".

Cabe destacar que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Senado que en el expediente de la citada medalla consta que la misma es un premio por la relación de Aldama con el Ministerio del Interior desde 2017, en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

"Atendiendo al expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Aldama, se señala que su colaboración con esa institución se remonta al menos cinco años tras su concesión en 2022, es decir en 2017, con un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy", expuso Marlaska.

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