El Gobierno Vasco da de alta en la Seguridad Social a presos de ETA
Algunos de ellos, como Javier García Gaztelu (Txapote) e Irantzu Gallastegi, han sido responsables de crímenes emblemáticos en la historia de la banda
El sistema penitenciario vasco, gestionado por el Gobierno autonómico desde 2021, ha intensificado sus esfuerzos en la reinserción social y laboral de los internos, incluidos los presos de ETA.
Actualmente, 37 etarras trabajan con alta en la Seguridad Social en talleres internos o empresas externas, como parte del programa Aukerak (Oportunidades), promovido por la Agencia Vasca de Reinserción Social.
Este enfoque, que prioriza el trabajo remunerado como herramienta de rehabilitación, ha generado debate, especialmente por el pasado delictivo de algunos beneficiarios.
El contexto penitenciario y los cambios de estrategia
Desde la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri han adoptado un modelo centrado en la reinserción como eje prioritario. Actualmente, en las prisiones vascas cumplen condena 119 presos de ETA, de los cuales 89 están recluidos en régimen cerrado y una treintena en prisión domiciliaria.
Algunos de ellos, como Javier García Gaztelu (Txapote) e Irantzu Gallastegi, han sido responsables de crímenes emblemáticos en la historia de la banda.
El programa Aukerak, destinado a todos los internos, busca proporcionar formación profesional y empleo remunerado como herramienta para su reintegración.
En el caso de los etarras, el acceso a estos beneficios marca un contraste con las décadas en las que la propia organización prohibía acogerse a cualquier ventaja penitenciaria, considerando tales actos como traición. Sin embargo, tras una votación interna en 2017, se permitió su participación bajo ciertas condiciones: sin arrepentimiento ni delación.
Trabajos remunerados y reinserción
El programa ha incorporado a 37 presos de ETA a empleos regulados por la Seguridad Social. De estos, cinco trabajan en empresas externas: tres en una fábrica de herramientas industriales en Vizcaya y dos en una empresa alavesa dedicada al sector del caucho. Los 32 restantes desempeñan labores en talleres penitenciarios: desde mantenimiento, administración y limpieza, hasta jardinería, panadería y audiovisuales.
El Gobierno Vasco subraya que este modelo se basa en criterios de idoneidad, priorizando a internos con buena conducta, cargas familiares o historial laboral previo. Además, se ofrece formación previa a aquellos sin experiencia laboral o académica, un perfil común entre presos con largas condenas.
El modelo penitenciario vasco ha incrementado significativamente las ofertas laborales para los internos desde 2021, alcanzando 431 plazas en 2024. Estas incluyen tareas de baja cualificación, como asistencia sociosanitaria, lavandería o cocina, en las que actualmente participan 605 internos de distintos perfiles delictivos.
La iniciativa cuenta con la colaboración de ocho empresas externas y la Fundación La Caixa, que financia programas de formación y empleo para reclusos. Según el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, el trabajo penitenciario no solo facilita ingresos básicos para los internos, sino que también contribuye al pago de responsabilidades civiles derivadas de sus delitos.
Si bien el modelo vasco ha sido defendido como un ejemplo de políticas progresistas de rehabilitación, su implementación con presos de ETA ha generado controversia. Asociaciones de víctimas y algunos sectores de la sociedad critican que se ofrezcan beneficios laborales a personas condenadas por crímenes graves, argumentando que estos programas podrían diluir el mensaje de justicia hacia las víctimas.
Por otro lado, el Gobierno Vasco sostiene que la reinserción laboral no distingue entre perfiles delictivos y que se aplica de forma equitativa a todos los internos. Además, destaca que el trabajo penitenciario es un derecho recogido en la normativa nacional y un componente esencial para reducir la reincidencia.
La inclusión de presos de ETA en programas laborales refleja un cambio en el enfoque hacia la política penitenciaria en el País Vasco. Sin embargo, también plantea un dilema ético: cómo equilibrar las necesidades de reinserción de los condenados con el respeto y la memoria hacia las víctimas de sus crímenes. El debate, lejos de cerrarse, sigue siendo un tema sensible en una sociedad que aún lidia con las heridas del pasado.
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