El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha confirmado en sede judicial que fue testigo de que el máximo representante de la institución, Álvaro García Ortiz, y su 'número dos', Ángeles Sánchez Conde, estuvieron revisando el móvil del primero de ellos en pleno registro de la UCO en la sede de la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de octubre. 

Fuentes jurídicas confirman a IEN, que el testigo ha ratificado lo denunciado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en su comparecencia en el marco de la causa abierta contra García Ortiz por presunta revelación de secretos. Las mismas fuentes explican que en su escueta testifical- que ha durado unos 20 minutos- ha resaltado la relevancia de la escena, teniendo en cuenta que Sánchez Conde es la fiscal designada para esta causa.

Según su relato, los hechos tuvieron lugar la tarde del registro ordenado por el Tribunal Supremo con motivo de esta investigación. Sobre las 19.00 horas, mientras se disponía a abandonar el edificio de Fortuny donde tiene su despacho, vio a García Ortiz y a Sánchez Conde en el patio del edificio revisando el teléfono del primero de ellos.

El instructor de esta causa, Ángel Hurtado, había autorizado a la Guardia Civil a registrar el despacho del fiscal general y a requisar cuanto material encontraran en él, incluidos sus terminales móviles. 

Viada ha explicado que le llamó la atención lo que vio, no por los hechos en sí, sino porque se trataba de un fiscal investigado revisando un teléfono con la fiscal encargada de su causa mientras la UCO registraba su despacho.

Según ha precisado, la escena se alargó unos 30 o 40 segundos, en los que este fiscal se quedó mirándoles fijamente porque quería que le vieran. Finalmente abandonó el lugar y se quedaron los dos fiscales en el patio. 

El abogado general del Estado -que defiende a García Ortiz- ha aprovechado su comparecencia para reprocharle sus artículos y manifestaciones en prensa contrarias al fiscal general del Estado y a su gestión, a lo que Viada ha respondido que la situación en el Ministerio Público no es nada buena y que se ha dado cuenta de que lo pasa en el seno de la institución es conveniente contarlo dado la atipicidad de los hechos. 

Al término de su comparecencia y a preguntas de los periodistas, Viada ha explicado que se ha limitado a cumplir con una citación judicial y que ha contado lo que vio.

"Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han explicado siempre, lo que dice el código ético", ha asegurado. Al hilo, ha precisado que los hechos son relevantes puesto que el registro de la Guardia Civil todavía se alargó varias horas más. 

Conservar las cámaras
"A mí me llamó mucho la atención esa circunstancia. Piensen ustedes que en ese momento estábamos todos sacudidos en la Fiscalía. Era un día muy especial porque no todos los días al fiscal general del Estado se le produce una diligencia invasiva de derechos fundamentales con ocasión de la posible comisión de delito.

Son cosas que dentro de la Fiscalía te quedas un poco estupefacto y, en ese contexto es en el que yo lo vi", ha dicho a preguntas de los periodistas. 

Cabe recordar que la APIF -que litiga como acusación en este procedimiento- solicitó la declaración de Viada al estar ligada con los hechos que se investigan en esta causa. El magistrado instructor dio luz verde a la diligencia razonando que le parecía "pertinente" toda vez que esta reunión podría "aparentar una muestra de afinidad y proximidad con el investigado" que era "conveniente aclarar".

El instructor acordó también que se conservaran las cámaras de seguridad del edificio; en concreto, las que enfocaban al salón noble que se encuentra en el patio central. No obstante, el servicio de seguridad de la Fiscalía General del Estado respondió que era inviable cumplir con la diligencia porque "no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central".

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