Cristina Álvarez, la recaudafondos del máster de Begoña Gómez y directora de Programa de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado que trabaja para Begoña con un sueldo de 49.000 euros públicos.

«Me llamó ella», le ha dicho al instructor que investiga a la mujer del presidente del Gobierno aludiendo que Begoña Gómez le dijo que en Moncloa podía tener una persona de confianza y asesoramiento, y que le gustaría que fuera ella.

Ella accedió y empezó a trabajar el 16 julio del 2018, en un cargo de empleada publica nivel 26 que es eventual. Desde Moncloa se ha dedicado a los negocios privados de Begoña Gómez.

Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que estaba muy nerviosa, que ha respondido con evasivas y que el instructor ha tenido que llamarla la atención varias veces. Ha acudido a la sede judicial acompañada del abogado penalista José María de Pablo.

Durante la comparecencia ha admitido que hacía gestiones para el máster de Begoña Gómez y que conoce a Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache, rector de la Complutense también imputado en la causa.

Álvarez reconoció utilizar tanto correo oficial como privado para gestionar los asuntos de Begoña Gómez, incluyendo comunicaciones relacionadas con la cátedra universitaria.

La declaración ha estado marcada por numerosas contradicciones y lagunas de memoria. La testigo no ha podido explicar claramente su participación en reuniones importantes ni su intervención en diversos proyectos, alegando repetidamente no recordar detalles por haber «hecho más de 100 eventos en 6 años». Esta actitud ha provocado varios momentos de tensión, llegando el juez a llamarle la atención en diversas ocasiones.

Respecto a sus contactos con la Universidad Complutense, Álvarez ha admitido relación con el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, aunque se ha mostrado confusa al ser interrogada sobre su papel en el proyecto de la plataforma digital y su participación en reuniones universitarias.

La testigo tampoco ha podido precisar detalles sobre la frecuencia con la que Begoña Gómez acudía al IE (Instituto de Empresa) ni las circunstancias del fin de esa relación profesional.

Durante toda su comparecencia, Álvarez ha mantenido que su función principal era gestionar la agenda institucional, privada y profesional de Begoña Gómez, incluyendo la coordinación con servicios de seguridad y protocolo.

Sin embargo, no ha precisado detalles sobre muchas de las actividades específicas por las que fue interrogada, generando, según las fuentes presentes, más dudas que certezas sobre su papel real en la estructura de Moncloa y su participación en los asuntos bajo investigación.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha pedido a Álvarez su número de teléfono móvil, sin requerirle también el dispositivo. Además, ha aprovechado la vista de este viernes para abrir una pieza separada de carácter disciplinario para multar a varios abogados por hacer declaraciones a la prensa a la salida de las declaraciones.

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