El cerco a la trama PSOE se estrecha: su entorno familiar y amistades se enfrenta a 112 años de cárcel

Cuando los casos de corrupción alcanzan a familiares, amigos y ministros del presidente, ya no hablamos de meros escándalos aislados, sino de una «trama» que pone en jaque los principios democráticos.

En el caso de Pedro Sánchez, el entramado judicial que envuelve a su entorno cercano es de proporciones alarmantes: cinco casos bajo investigación, 23 delitos imputados y penas que suman hasta 112 años de cárcel.

Los protagonistas de la «Trama»
Los casos judiciales afectan a figuras clave del círculo íntimo de Pedro Sánchez: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Azagra; su mano derecha en el PSOE, José Luis Ábalos; el ayudante de este último, Koldo García; el empresario Víctor de Aldama, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos ellos enfrentan acusaciones de gravedad que van desde corrupción en los negocios hasta organización criminal.

La cantidad de casos de corrupción que involucran a los familiares directos de Sánchez, sus amigos y sus ministros es tan abrumadora que resulta fácil «perderse» entre ellos.
A día de hoy, y sin descartar que sigan surgiendo nuevos escándalos, la situación actual es la siguiente:

Caso Begoña Gómez: hasta 11 años de cárcel por 4 supuestos delitos
El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid investiga a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida, con penas que podrían alcanzar hasta 11 años de prisión.

Este caso marca un hito: es la primera vez en democracia que la esposa de un presidente del Gobierno debe rendir cuentas ante la justicia por sus actividades privadas.

Corrupción en los negocios: Penas de 6 meses a 4 años por sobornos destinados a obtener ventajas competitivas o asegurar contratos.

Tráfico de influencias: Castiga con hasta 3 años a quienes busquen influir en decisiones públicas para obtener beneficios económicos.

Intrusismo laboral: Sanciona el ejercicio de profesiones sin título habilitante con penas de hasta 2 años.
Apropiación indebida: Penas de hasta 3 años según el monto defraudado y el daño causado.
Causa contra David Sánchez (conocido como David Azagra): hasta 12 años de cárcel por 5 supuestos delitos

El hermano de Pedro Sánchez está imputado por cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Estas acusaciones, investigadas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, podrían acarrearle hasta 12 años de cárcel.

Su contratación como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz y posteriormente como consejero del Teatro Real de Madrid está plagada de irregularidades. Su contrato en la Diputación le impide el teletrabajo o la gestión remota de los asuntos que supuestamente debe dirigir en persona desde su despacho.

Contrato suscrito por el hermano de Sánchez con la Diputación

Esa administración no ha sido capaz, sin embargo, de señalar con claridad cuál es su puesto de trabajo y sus compañeros afirman no haberlo visto

‘Caso Ábalos’ (José Luis Ábalos, Aldama y Koldo García): hasta 30 años de cárcel cada uno de ellos. 
El exministro de Fomento y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, está bajo la lupa de la Audiencia Nacional, en concreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2, por presuntas mordidas en contratos públicos durante la pandemia.

El Supremo investiga al ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos; al empresario Víctor de Aldama y el que fuera ayudante de Ábalos, Koldo García.

El ex ministro José Luis Ábalos está acusado de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Al que fuera número 3 del PSOE, podrían penarle con hasta 24 años de prisión.

En el caso de Aldama, está investigado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, por lo que también podrían caerle 24 años. A estos habría que sumar las posibles penas de 18 años que se investigan por el caso hidrocarburos.

Koldo García está siendo investigado por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que suman penas de hasta 18 años.

Teniendo en cuenta al resto de investigados, suman la posible comisión de seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Todos ellos podrían sumar penas de hasta 30 años de cárcel.

‘Caso hidrocarburos’ (Aldama): hasta 18 años de cárcel por 3 supuestos delitos
El empresario Víctor de Aldama también es investigado por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales relacionados con el caso hidrocarburos, con penas que podrían alcanzar los 18 años.

Caso del Fiscal General (Álvaro García Ortiz): hasta 5 años de cárcel por 1 supuesto delito
El Tribunal Supremo investiga a Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de información confidencial relacionada con una causa fiscal contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este delito podría suponer hasta 5 años de prisión, según el artículo 417 del Código Penal.

Una amenaza para la democracia
Los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez no son simples episodios aislados, sino parte de un entramado que amenaza con socavar los cimientos de nuestra democracia. La acumulación de imputados, delitos y penas potenciales es una señal inequívoca de que este Gobierno está corrupto, debe dimitir y rendir cuentas. Hay que garantizar que la corrupción no se convierta en norma.

Un gobierno no puede permitir que la corrupción se instale en el poder. Si esto ocurre, deja de ser un gobierno del pueblo para convertirse en un régimen que opera en su contra.

La justicia tiene ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. España merece instituciones transparentes y líderes que trabajen por el interés general, no por sus intereses personales.

Sánchez y su gobierno deben dimitir de inmediato, dejando que la justicia continúe con sus investigaciones. No es aceptable que, tras la innumerable lista de tropelías cometidas, se marchen impunes y sin rendir cuentas.

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