El Valle de los Caídos siempre ha sido para el Gobierno de Sánchez una piedra en el camino.

Su falta de mantenimiento, ya alargada en el tiempo, ha llevado a la Fundación Española de Abogados Cristianos a presentar una denuncia ante el Juzgado de instrucción de Madrid que por turno corresponda, contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, así como contra la gerente del Consejo de Administración, María Dolores Menéndez, por un posible delito de daños contra el patrimonio histórico.

En concreto, las acusa de no realizar labores de mantenimiento en el Valle de Cuelgamuros incumpliendo, según indica, su deber de conservación del monumento, que se encuentra recogido en la Ley de Memoria Democrática.

«El nulo mantenimiento del recinto del Valle de Cuelgamuros está provocando de forma deliberada y negligente unos daños insoportables en todos sus elementos escultóricos, ornamentales y arquitectónicos», según señalan en la denuncia. Pone así negro sobre blanco la organización de juristas el «completo abandono» del Valle y adjunta imágenes del grave deterioro experimentado en el recinto en los últimos años por la «inacción» de Patrimonio Nacional.

Además adjuntan un informe realizado por un arquitecto donde se contempla que «el proceso de meteorización de las piedras se ha ido acelerando durante los últimos años sin haberse tomado medidas». No obstante, se sostiene que no es irreversible como se demostró con la «adecuada y económica actuación ejemplar efectuada sobre La Piedad».

Recalca el deterioro de obras de arte del patrimonio histórico, cultural y artístico. Según se indica, «una correcta gestión, administración, y explotación de este bien cultural permitiría obtener los fondos necesarios para su conservación y mantenimiento».

Por ello se insta a «la urgente reparación de todas las goteras, grietas y otros desperfectos existentes tanto en la Basílica de la Santa Cruz como en diferentes esculturas, en la cruz, todo lo cual pone en peligro la seguridad de los visitantes. Resulta del todo inaceptable que un bien público de tal valor, cuya conservación y cuidado está encargado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, esté en un estado de semejante deterioro».

La acción de Abogados Cristianos llega después de que se conociese que un juzgado de Madrid ha condenado a tres meses de prisión y 1.800 euros de multa a la exdirectora de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid por «abandonar a su suerte» –recuerdan– el Palacio de la Duquesa de Sueca de la capital.

Según señaló la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, «este abandono no es casual. El Gobierno busca el deterioro del Valle para poder así acabar con él alegando riesgo de derrumbe».

El pasado febrero ya entregaron 35.041 firmas ante la sede de Patrimonio Nacional. Lo hizo entonces el portavoz de Abogados Cristianos, Norberto Domínguez. «Es una obligación legal, nosotros no estamos exigiendo nada fuera de la ley, simplemente que cumplan la Ley de Patrimonio Nacional y la de Memoria Histórica que les obliga a conservar, mantener y mejorar el conjunto monumental del Valle, algo que no están cumpliendo», indicó el portavoz.

Recordó asimismo que el estado general de «ruina» lo están acreditando los «informes periciales tanto de arquitectos independientes como los elaborados directamente por Patrimonio Nacional».

Así, esos documentos recogen que «la base de la cruz está destrozada, la cafetería está abandonada, el funicular está fuera de servicio, hay humedades y goteras en la Basílica y el techo de la Escolanía y de la Abadía tiene agujeros por los que se cuelan los pájaros, y se están sufriendo cortes de agua y de luz».

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos sostuvo entonces que «gracias a esta iniciativa miles de españoles saben en qué estado se encuentra el recinto». Tal y como denunciaba Pablo Linares, «lo mismo que hay partidas presupuestarias de cientos de miles de euros para otras cosas tendría que haberlas para un lugar que debería generar dinero en taquilla para que solo con eso fuera posible».

Ya en septiembre de 2023 Abogados Cristianos presentó una solicitud por vía administrativa pidiendo al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que cumpliera con su obligación de reparar los desperfectos y llevar a cabo las reformas necesarias para conservar el Valle.

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