Informe de la Cámara de Representantes señala que la vacuna del COVID y los confinamientos fueron decisiones arbitrarias sin evidencia científica
Fue una decisión política, no sanitaria, por lo que su obligatoriedad no estaba respaldada por la ciencia. No se informó adecuadamente sobre las lesiones que originaba
La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el pasado 2 de diciembre una completa investigación de más de 500 páginas sobre la pandemia que contraviene el relato oficial de las autoridades.
El Subcomité Selecto para la Pandemia de Coronavirus (con representantes de ambos partidos) revisó más de un millón de páginas de documentos y concluyó que el origen del virus COVID-19 fue una fuga del laboratorio de Wuhan. El origen fue, por tanto, es artificial.
Señaló también que la obligatoriedad del uso de mascarillas no provenía de una evidencia científica. Mientras que el distanciamiento social de «metro y medio» fue una medida arbitraria tampoco basaba en la ciencia.
El informe también revela que nunca hubo una justificación científica para los confinamientos domiciliarios, causaron un «daño inconmensurable» a la economía y a la salud mental y física de los ciudadanos (especialmente en los jóvenes).
La investigación más profunda y amplia que se ha realizado hasta el momento, según sus redactores, asevera que la vacuna no detuvo la propagación ni la transmisión del virus y su aprobación respondió a un plazo arbitrario (a pesar de la advertencia científica de la probabilidad de eventos adversos).
Fue una decisión política, no sanitaria, por lo que su obligatoriedad no estaba respaldada por la ciencia. No se informó adecuadamente sobre las lesiones que originaba y se deterioró la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las vacunas.
La investigación reafirma que los funcionarios de salud pública participaron en un esfuerzo coordinado «para ignorar la inmunidad natural» y que se ejerció la censura de la información no oficial sobre la pandemia.
Y que las administraciones emplearon métodos «antidemocráticos». En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los estados de alarma. También señala (el informe) que ha habido falta de eficacia y transparencia en el uso de fondos de los contribuyentes para abordar la pandemia, y que la respuesta de la OMS fue un «fracaso rotundo».
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