Respecto a las elecciones del pasado mes de julio en Venezuela, el PP desplegó iniciativas de apoyo a la oposición que recibieron el respaldo del Pleno del Congreso gracias al apoyo del PNV en junio y también de Junts en diciembre, medidas que el Gobierno ha desoído.

Aunque se le ha dado cobijo en España, no se ha reconocido a Edmundo González Urrutia, como "legítimo ganador" y por tanto, "presidente electo y legítimo" del país ni se ha respaldado como "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática a González y María Corina Machado.

Lo mismo ha sucedido con la proposición no de ley aprobada ya este mes de diciembre que urgía al Gobierno adherirse a la demanda presentada en 2018 y a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Maduro "y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad".

Otro de los mandatos incumplidos tiene que ver con el Sáhara Occidental.

En junio, con los votos del PP, Vox y buena parte de los aliados habituales del Ejecutivo en la Cámara Baja, entre ellos sus socios de gabinete de Sumar, la Cámara volvió a instar al jefe del Ejecutivo a recuperar la posición histórica de neutralidad activa de España respecto al contencioso de la excolonia. Pero Sánchez se mantiene firme en el giro que dio en 2022, cuando avaló el plan de autonomía propuesto por Marruecos.

ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA

También se le emplazó a negociar con el país magrebí la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en un plazo de 90 días, pero medio año después ambas continúan cerradas y sin fecha para entrar en funcionamiento.

El Pleno también ha aprobado en este año, pese al rechazo del PSOE, iniciativas que ordenaban nuevas auditorías sobre los contratos para la compra de mascarillas adjudicados a la trama de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

A instancias del PP se instó al Gobierno a realizar auditorias sobre esas contrataciones en los ministerios de Sanidad e Interior, similares a la realizada en Transportes, pero no hay noticia de que el Gobierno haya dado ningún paso en ese sentido.

Tampoco se ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de auditorias independientes en todos los departamentos del Ejecutivo implicados, ni Interior ha abierto investigación alguna para esclarecer las irregularidades o delitos cometidos en relación con las posibles filtraciones a miembros del Gobierno e integrantes de la trama corrupta sobre investigaciones judiciales en curso.

JUSTIFICAR MEJOR AUSENCIAS DE MINISTROS

En junio, el PP consiguió que el Congreso censurara a la entonces vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas de junio, Teresa Ribera, por no acudir a las sesiones de control y que se emplazara al Gobierno a justificar suficiente y acreditadamente los asuntos ineludibles e inaplazables que impiden a los miembros del Gobierno saltarse esos Plenos, algo que el Gobierno no ha hecho.

Tampoco ha cumplido otros mandatos de aquella iniciativa, como el que exigía el cumplimiento "de forma efectiva y sin demora" los mandatos emanados de la voluntad de la mayoría de la Cámara mediante mociones y proposiciones no de ley y ni el de que, al hacer uso de su facultad de vetar el debate de iniciativas que impliquen merma de ingresos o aumento de gastos, el Gobierno se ciñera al posible impacto de los Presupuestos en vigor, pero no en cuentas futuras, como fija la doctrina del Tribunal Constitucional.

 También han caído en saco roto reclamaciones de carácter económico, como la que instaba a recuperar indemnizaciones por retrasos del AVE de 15 y 30 minutos o el fin de los peajes y la prórroga de la concesión de la AP-9.

LA DEFLACTACIÓN QUE NUNCA LLEGÓ

El Ejecutivo tampoco ha aplicado la deflactación del IRPF para compensar la subida de la inflación que le exigió el Congreso en abril a instancias del PP, con el respaldo de Junts, PNV y BNG. Y lo mismo ha pasado con el emplazamiento del Congreso para la aplicación de exenciones fiscales a los menores de 34 años en los primeros años de su vida laboral.

Además, en diciembre entró en vigor el decreto 933/2021, bautizado como 'Gran Hermano Turístico' por establecer nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Lo hizo pese a que tres meses antes el Congreso había aprobado una iniciativa del PP para que Interior prolongara su suspensión.

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