Raquel Sánchez disparó a 85,3 M€ el contrato del enlace al aeropuerto de Alicante señalado por Aldama

El informe de Óscar Puente remitido al Tribunal Supremo introdujo a Raquel Sánchez en el caso Koldo por la polémica de los contratos adjudicados a empresas señaladas por Víctor de Aldama, el denominado por la UCO de la Guardia Civil como el «nexo corruptor» y el principal beneficiario de la supuesta trama liderada por el propio Aldama y Koldo García.

En este proceso está imputado José Luis Abalos, exministro de Transportes, quien también recordó el papel de su sucesora, Raquel Sánchez y una de las dirigentes más destacadas del PSC.

 El informe de Óscar Puente destacó hasta 39 contratos públicos, un tercio de los señalados por Aldama, porque eran los únicos que habían aparecido en los medios. De este número, 17 adjudicaciones no se han llegado a licitar, mientras que 11 de las restantes apuntan a modificaciones y cambios significativos realizados durante la etapa de Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes.

La lista de modificaciones, cambios, rectificaciones apuntan a mejoras de contratos una vez adjudicados de entre el 11% y el 16%, según los números publicados. El último de ellos corresponde a una modificación del propio Óscar Puente, que elevó un contrato hasta los 117,5 millones de euros.

Lo hizo el pasado 27 de diciembre y tras señalar al juez Leopoldo Puente que dicha modificación estaba en estudio. Por el momento, se desconoce si el Ministerio entregará una ampliación del escrito presentado ante el Alto Tribunal con este nuevo cambio.

 Raquel Sánchez elevó los costes del contrato señalado por Aldama en un 13%
Uno de los contratos señalados por Aldama se centra en unas obras que afectan al aeropuerto de Alicante, concretamente en el N-220, una de las infraestructuras estratégicas más importante al dar servicio a Murcia y Valencia. La licitación y las condiciones se dieron a conocer el 13 de diciembre de 2019, con Ábalos al frente del Ministerio.

Apenas una semana después, el 19 de diciembre, se llevó a cabo la rectificación tanto del pliego como del propio anuncio de la adjudicación. El motivo se debió a un cambio de fechas y no se tocaron los importes, en los 91,36 millones de euros con impuestos o bien los 75,509 millones sin tributos.

El presupuesto para la obra era de 88,51 millones de euros y Dragados se llevó la adjudicación, iniciándose la construcción de la vía en octubre de 2020.

La anomalía del contrato se centra en que la UTE conformada por Acciona y Levantina, una de las empresas señaladas por Aldama, no se hizo con la adjudicación a pesar de lograr la mejor nota en la fase técnica. El motivo es que presentó una oferta que fue considerada como baja temeraria. Es decir, con el montante no se hubieran cubierto los costes. La obra debía finalizar en el plazo de 3 años.

No obstante, con la llegada de Raquel Sánchez el contrato se modificó el 23 de diciembre de 2022, justo al segundo año de iniciarse las obras. El cambio se produjo en abril, con un incremento de 12,11 millones de euros adicionales, un 13% más respecto a la adjudicación inicial y que se hizo efectivo en mayo. El informe de Puente no señala el incremento del contrato en porcentaje, pero sí el montante en efectivo.

 La UTE de Acciona, fuera por no presentar en plazo la justificación de su oferta en el contrato de Alicante modificado por Raquel Sánchez y señalado por Aldama

En un inicio, la obra debía realizarse por 57,704 millones de euros sin impuestos, montante que se eleva a los 69,822 con impuestos. La mesa de contratación detectó ofertas anormalmente bajas en la UTE entre Lantania y Copcisa, OHLA y Acciona con Levantina.

También en la formada por Bertolín y VIAS, otra de las empresas señaladas por Aldama. Todas ellas justificaron sus razones, menos la UTE de Acciona y Levantina, «considerándose insuficientes las mismas, según el informe de la Subdirección correspondiente». De esta forma quedaron excluidas de la licitación con la mejor nota técnica.

 Resulta cuanto menos curioso que la oferta de Acciona no era precisamente la más baja y apenas reducía el coste de la obra en 1,4 millones de euros respecto a la adjudicataria. En concreto, presentó una oferta de 56,3 millones de euros. Según el informe, la UTE de Acciona no presentó en tiempo sus justificaciones. «No se ha recibido en el plazo establecido», afirma el informe.

 El informe de Óscar Puente trataba de desmontar las afirmaciones del escrito de José Antonio Choclán, abogado defensor de Víctor de Aldama, sobre el presunto amaño de contratos públicos. En este sentido, el ministro se centra en las licitaciones entre 2019 y 2022 que obtuvieron empresas señaladas por Aldama, así como otras licitaciones a las que se habían presentado, pero no ganaron.

Este informe de Óscar Puente deja en mal lugar a Raquel Sánchez y fue realizado a voluntad del propio ministro de Transportes. No es la primera vez que este Ministerio introduce documentación en el caso Koldo.

El pasado verano realizó un informe más cercano al compliance que a la auditoría con un señalamiento a Ábalos por los contratos de mascarillas, un hecho que el propio exministro niega en rotundo y que espera poder defenderse en los tribunales.

No obstante, ninguno de los escritos indaga en los contratos realizados a empresas vinculadas a la trama con otras Administraciones Públicas, como los contratos realizados por Canarias en la época de Ángel Víctor Torres, señalado como un pedigüeño al pedir presuntamente a Aldama 50.000 euros, mientras que Santos Cerdán se habría embolsado presuntamente otros 15.000 euros y el PSOE entre 3,5 y cuatro millones.

 Las nuevas revelaciones de Aldama ponen bajo sospecha a varios contratos de infraestructuras, algunas de ellas licitadas durante la etapa del ‘popular’ Íñigo de la Serna en el Ministerio, mientras que otros se habría efectuado durante la corta estancia de Raquel Sánchez (PSC) en la institución pública. Otras licitaciones, no obstante, no han llegado a ponerse en marcha.

Las palabras de Aldama apuntan a los principales ministros de Pedro Sánchez, pero algunas de sus afirmaciones se han desmontado pro el propio imputado, como el supuesto alquiler del piso en Atocha para el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Óscar Puente ha dado su versión sobre siete de los contratos señalados por Aldama. En concreto, sólo uno de los subrayados coincide con la etapa de Ábalos.

 En concreto, se refiere al tercer carril de la asturiana A-66. La adjudicación se dio a la UT de Lantania SLU y ASCH Infraestructuras y Servicios SA el 29 de octubre de 2010 y con un presupuesto de 30 millones de euros. La obra se puso en servicio el 19 de octubre de 2023.

El adjudicatario se llevó la mejor nota en la fase técnica y fue el segundo en la oferta económica, pero no se ha observado nada irregular, aunque tampoco se podría descartar si Aldama entregara pruebas de estas nuevas declaraciones.

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Fuente: Monclo