El laberinto judicial Pfizergate da un pasito hacia adelante
El martes tuvo lugar, a puerta cerrada, una audiencia ante la sala de acusación del tribunal de Lieja, en Bélgica, para determinar el tribunal competente para conocer de la causa abierta contra Ursula von der Layen y el director de Pfizer, Albert Bourla
El martes tuvo lugar, a puerta cerrada, una audiencia ante la sala de acusación del tribunal de Lieja, en Bélgica, para determinar el tribunal competente para conocer de la causa abierta contra Ursula von der Layen y el director de Pfizer, Albert Bourla, por la negociación de los contratos de compra de vacunas contra el “covid”.
Desde que en abril del año pasado se presentó la querella, la Fiscalía Europea está intentando llevar el caso a un callejón sin salida.
Frédéric Baldan presentó la querella por “usurpación de funciones y títulos”, “destrucción de documentos públicos”, “apropiación ilegal de intereses” y “corrupción”. Desde entonces se le han sumado mil qurellantes de la Unión Europea, incluidos dos Estados miembros: Polonia y Hungría.
Las querellas fueron presentadas ante el juez de instrucción del tribunal de Lieja, Frédéric Frenay. Pero desde junio, la Fiscalía Europea intenta hacerse cargo del caso declarándose competente para darle el carpetazo.
En la primavera el tribunal europeo incluso intentó enterrar el caso, solicitando la inadmisibilidad de que las acusaciones particulares se personaran como parte en el proceso.
Durante la primera audiencia que tuvo lugar el 17 de mayo ante la sala del consejo del tribunal de Lieja, la abogada de Von der Leyen puso a la Presidenta de la Comisión Europea a la altura del Rey de España: no se la puede someter a juicio porque es inmune.
Estos tropezones, típicos de los laberintos judiciales, se deberían haber examinado en una audiencia prevista para el 6 de diciembre ante la Cámara del Consejo, pero fue aplazada en el último momento a petición de la Fiscalía Europea.
Hasta el martes no se pudieron discutir estas obstáculos. Al final de la audiencia, Isabelle Duchateau, fundadora de la asociación belga Notre Bon Droit, una de las asociaciones denunciantes, destacó que la Presidenta de la Unión Europea había intentado nuevamente obtener un aplazamiento, esta vez sin éxito.
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