El PP Europeo bloquea la investigación sobre el pago secreto a grupos ecologistas
El Partido Popular Europeo (PPE) ha bloqueado la propuesta del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de abrir una investigación parlamentaria sobre los contratos millonarios entre la Comisión Europea y organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con el Pacto Verde.
Esta iniciativa, respaldada por Patriotas por Europa, pretendía esclarecer si se utilizaron fondos públicos para financiar a grupos ecologistas que presionaron a favor de esta agenda climática.
El líder del PPE emitió un comunicado interno a sus eurodiputados instándolos a rechazar la solicitud de la comisión de investigación, argumentando que ya se estaba llevando a cabo una auditoría interna sobre el uso de estos fondos. Sin embargo, varias voces críticas han advertido de que un análisis interno carece de la independencia y transparencia que garantizaría una investigación parlamentaria formal.
El escándalo tiene como eje central las acusaciones de que la Comisión Europea, durante la gestión de Frans Timmermans, habría canalizado dinero de los contribuyentes hacia ONG con el objetivo de impulsar regulaciones más estrictas en sectores clave como la agricultura y la industria.
Documentos recientes revelan que al menos 700.000 euros fueron destinados a campañas para restringir el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, así como para imponer cuotas más rigurosas de emisiones de carbono, medidas que han generado un profundo malestar entre los agricultores europeos.
Más allá de esta cifra inicial, estimaciones indican que en los últimos años se han transferido más de 4.000 millones de euros a entidades ambientales alineadas con la estrategia del Pacto Verde.
Organizaciones como Greenpeace y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han recibido sumas millonarias en subvenciones, muchas sin un control claro sobre su destino y justificación.
Mientras tanto, desde la izquierda han planteado una respuesta alternativa: si se va a investigar la financiación de ONG ambientales, también deberían revisarse los fondos destinados a asociaciones industriales y empresariales, con el objetivo de evaluar la influencia del sector privado en la formulación de políticas de la Unión Europea.
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