El avance de las energías renovables en España está generando un serio conflicto con el sector agrario. Las placas solares arrasan el campo.

En la última década, el suelo utilizado para la instalación de paneles fotovoltaicos ha aumentado un 150%, lo que está provocando una pérdida progresiva de tierras cultivables. ¿Es el fin del campo? Quizás no, pero va a ocasionar muchas repercusiones.

Las placas solares arrasan el campo
El crecimiento de parques fotovoltaicos es imparable. En los últimos ocho años, su extensión ha crecido un 166%, y el Ministerio de Agricultura estima que esta cifra podría duplicarse en los próximos años, alcanzando las 100.000 hectáreas.

Según el documento «Extensión de los parques fotovoltaicos en España», publicado por el Ministerio de Agricultura, en 2023 estos proyectos ya ocupaban unas 50.000 hectáreas, frente a las 19.000 de 2016. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en una reducción del precio de la electricidad.

Desplazamiento del suelo agrícola
Los cambios en el uso del suelo entre 2012 y 2022 revelan que el 82% de las nuevas hectáreas de paneles solares provienen de tierras de secano, el 11% de tierras de regadío y el 7% de superficies forestales. Los cultivos de cereales, barbecho y girasol han sido los más afectados por este desplazamiento.

Impacto ambiental y económico
Los megaproyectos fotovoltaicos están generando riesgos críticos en los ámbitos ambiental, económico y social. A continuación se detallan algunos de los efectos más destacados y preocupantes, los cuales están transformando el territorio y afectando tanto a la biodiversidad como al desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

Amenaza a la biodiversidad

La mayoría de estos proyectos se instalan en o cerca de áreas de alto valor ambiental, lo que pone en riesgo la integridad de ecosistemas frágiles. Sin embargo, la evaluación de los impactos en la biodiversidad y el medio ambiente se ve comprometida porque los proyectos de gran envergadura –por ejemplo, de 150 o 200 MW– se dividen en unidades más pequeñas para evitar controles ambientales más estrictos.

Esta práctica conduce a la fragmentación de hábitats, destrucción o parcelación de áreas naturales y pérdida de superficie arbolada de especies protegidas.

Además, la disminución de la cubierta vegetal acelera procesos de desertificación en territorios vulnerables y puede ocasionar la desaparición de especies al alterar sus hábitats.

Con una vida útil aproximada de 30 años, estos efectos no son temporales, sino comprometen el equilibrio ecológico a largo plazo.

Reducción de tierras agrícolas

Una de las denuncias más contundentes de las asociaciones agrarias es que estas megaplantas fotovoltaicas ocupan terrenos agrícolas esenciales para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.

Por ejemplo, en el valle de La Fueva (Huesca) se ha planteado la creación de un gran parque solar de cerca de 420 hectáreas. Muchas de estas tierras, de propiedad particular y de carácter agrícola, se destinan a contratos de arrendamiento a largo plazo (30 años), lo que afecta directamente la productividad local y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Efecto en el paisajismo

El cambio en el uso del suelo debido a estas instalaciones transforma radicalmente el paisaje tradicional. La masiva implantación de paneles fotovoltaicos altera la imagen de las zonas rurales, afectando tanto a los habitantes como a los visitantes.

En municipios donde la economía depende del turismo y de actividades ambientales, el impacto visual de estos proyectos reduce el atractivo turístico y perjudica a empresas vinculadas a actividades deportivas y ecológicas. Esta transformación del paisaje no solo implica la pérdida de identidad cultural, sino que también compromete el futuro del turismo rural en áreas históricamente valoradas por su belleza natural.

Amenaza la economía local

El deterioro ambiental y la pérdida de tierras cultivables tienen repercusiones directas en la economía de las regiones donde se implantan estos proyectos. Aunque algunos propietarios se benefician temporalmente mediante contratos de arrendamiento, la conversión masiva de terrenos productivos limita las oportunidades económicas en sectores vitales como la agricultura, la ganadería y el turismo.

Además, en numerosos casos, los beneficios generados se concentran en manos de multinacionales o fondos de inversión extranjeros, de modo que la riqueza producida no se reinvierte en el ámbito local, debilitando el tejido económico de las comunidades.

Impacto en el empleo

Aunque se contrata mano de obra local en algunos proyectos, la mayoría de las veces la especialización requerida es traída por las propias empresas, generándose así un impacto marginal en la creación de empleo.

Por ejemplo, en León están planificados 39 proyectos solares de gran magnitud que ocuparían 1.200 hectáreas, pero se estima que, en conjunto, estos megaproyectos generarán apenas entre 80 y 90 empleos en los próximos 25 años. Esta baja ratio de empleo contrasta con la magnitud de las inversiones y la necesidad de desarrollo económico local.

Menor eficiencia

Según ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, el transporte de la energía producida por estas megainstalaciones implica costes y pérdidas que alcanzan valores cercanos al 20%. Este sobrecoste se traduce en un incremento en la factura eléctrica de familias y PYMES.

Además, se han registrado casos de saturación en las redes y puntos de evacuación, lo que agrava los costes operativos y reduce la eficiencia global del sistema.

Caldo de oligopolios

Un riesgo final a destacar es la concentración del mercado en manos de grandes corporaciones energéticas. La transición energética, que debería representar una oportunidad para diversificar la producción y gestión de la energía, se está convirtiendo en un mecanismo para consolidar el poder económico.

Es preferible fomentar numerosos proyectos pequeños de autoconsumo, que generen beneficios distribuidos, en lugar de megainstalaciones que concentran las ganancias y limitan la potencialidad del territorio.

Las grandes empresas que se suman a la “energía limpia” buscan trasladar su modelo empresarial a las renovables para obtener beneficios rápidos y recibir subvenciones, aun cuando los efectos de sus proyectos sean contrarios a los objetivos medioambientales.

Un problema de soberanía alimentaria
La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha sido clara en su denuncia con TO: «Nos va a sobrar energía verde, pero nos van a faltar alimentos. Nosotros no estamos en contra de las energías renovables, pero sí de que nos roben nuestra soberanía alimentaria».

Desde su organización abogan por un marco normativo que proteja las tierras fértiles, siguiendo el ejemplo de Italia: «Meloni lo tiene claro».

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