La UCO encuentra mensajes de Cerdán sobre obra pública en un dispositivo encriptado de Koldo
La Guardia Civil localiza conversaciones del actual secretario de Organización del PSOE con Koldo García Izaguirre que lo involucrarían en el presunto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado mensajes relacionados con contratos de obra pública en un dispositivo encriptado perteneciente a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La investigación ha revelado posibles intentos de influir en la adjudicación de estos contratos, lo que ha generado un gran revuelo político.
Entre los implicados en los mensajes descubiertos se encuentran altos cargos como el presidente de Adif, Ángel Contreras, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
En una conversación con un empresario vinculado a la constructora Obras Públicas y Regadíos S.A., Koldo mencionó un "contrato de obra pública por emergencia", del cual prefirió no hablar por WhatsApp, lo que sugiere un posible intento de ocultar la comunicación sobre estos acuerdos.
Además, la agenda de Koldo muestra reuniones con responsables de la empresa Global Civis, lo que refuerza la hipótesis de que intentó influir en las adjudicaciones de obras públicas. Estas conexiones han levantado sospechas sobre la transparencia en la gestión de contratos y el posible tráfico de influencias dentro del ámbito gubernamental.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es la declaración del empresario Víctor de Aldama, quien asegura que Koldo entregó 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar cercano a la sede del PSOE en Ferraz.
Aldama ha afirmado que posee pruebas de estas transacciones en un dispositivo móvil incautado por la UCO, pero el Tribunal Supremo ha decidido posponer el análisis del contenido de este móvil hasta después de su declaración programada para el 16 de diciembre.
El caso sigue en desarrollo y ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
La implicación de altos cargos en estas presuntas irregularidades pone en tela de juicio la integridad de la gestión de los contratos de obra pública y abre la puerta a posibles responsabilidades legales y políticas en el futuro.
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