En el marco del escándalo conocido como el 'caso Koldo', Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció recientemente ante el Tribunal Supremo.

Durante su testimonio, Moreno reconoció haber intervenido en la solicitud de aplazamiento de una deuda tributaria de la empresa Pilot Real Estate, propiedad del empresario Víctor de Aldama. Según sus declaraciones, Moreno trasladó la petición a un asesor del ministerio, Ignacio Granado, inspector de Hacienda, para su evaluación y posible tramitación.

La deuda en cuestión ascendía a aproximadamente 550.000 euros, y su aplazamiento habría permitido a Aldama ganar tiempo en sus obligaciones fiscales. Esta intervención ha levantado sospechas en torno a la posible existencia de influencias indebidas dentro del Ministerio de Hacienda y ha avivado el debate sobre la transparencia en la gestión pública.

Una vez se concedió el aplazamiento, Aldama dice que el asesor de Ábalos Koldo García le sugirió que debería tener «un detalle» con Moreno ya que «estaba buscando piso». Este detalle habría sido supuestamente un sobre con 25.000 euros entregado en un bar frente al Ministerio.

Carlos Moreno ha negado rotundamente haber recibido dinero en el Tribunal Supremo. Por su parte, Koldo García admite un encuentro entre los tres en el bar, pero sin entrega de sobre alguno.

El jefe de Gabinete de Montero también ha admitido las conversaciones con Aldama y ha detallado que hablaron en varias ocasiones para explorar opciones de compra de un inmueble. Finalmente, la vivienda adquirida por Moreno no fue facilitada por Aldama. 

Negación de cobro y acusaciones de soborno

Si bien Carlos Moreno ha admitido su papel en la solicitud de aplazamiento, ha negado rotundamente haber recibido cualquier compensación económica por su intermediación. Esta negativa surge en respuesta a las acusaciones de Víctor de Aldama, quien declaró ante el juez que, tras la concesión del aplazamiento de su deuda, entregó a Moreno 25.000 euros como gesto de agradecimiento.

Según Aldama, esta transacción habría sido sugerida por Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos y figura clave en el entramado del 'caso Koldo'.

A pesar de estas acusaciones, Moreno ha anunciado su intención de querellarse contra Aldama por haberlo implicado en un supuesto soborno. Su defensa sostiene que la reunión con Aldama se produjo únicamente para discutir el aplazamiento de la deuda dentro del marco legal y sin ningún beneficio personal de por medio.

Relación con el empresario y reuniones previas

Durante su comparecencia, Moreno también admitió haber mantenido conversaciones con Aldama sobre posibles oportunidades inmobiliarias, aunque aseguró que no llegó a concretar ninguna operación de compra. Estas revelaciones han alimentado aún más las sospechas sobre la verdadera naturaleza de su relación con el empresario, quien también está bajo investigación en el marco del escándalo.

Las declaraciones de Moreno también han puesto en aprietos a la ministra Montero, quien inicialmente negó que su jefe de gabinete hubiese mantenido reuniones con Aldama. Sin embargo, posteriormente admitió que se produjeron hasta cuatro encuentros entre ambos, aunque insistió en que estos se llevaron a cabo dentro de los límites legales y sin implicaciones delictivas.

Impacto político y reacciones

El 'caso Koldo' ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, especialmente dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición ha exigido explicaciones y ha solicitado la dimisión de los implicados, mientras que el Ejecutivo defiende la inocencia de los miembros de su administración hasta que se pruebe lo contrario.

Por su parte, la Fiscalía y el juez instructor continúan analizando las pruebas presentadas, incluyendo los testimonios de Aldama y Moreno, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existió un delito de tráfico de influencias o corrupción.

A medida que avanza la investigación, crece la presión sobre la ministra Montero y su equipo, quienes podrían enfrentar consecuencias políticas en caso de que se confirmen las acusaciones de favores indebidos en la gestión de Hacienda. Mientras tanto, el Gobierno intenta contener los daños y mantener su imagen pública en un entorno cada vez más crítico y polarizado.

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