El problema de la okupación en España se agrava día tras día, y lejos de tomar medidas contundentes para erradicar este delito, el Gobierno de Sánchez sigue premiando a los okupas con viviendas públicas.

A través de leyes permisivas y medidas que amparan a los usurpadores frente a los legítimos propietarios, el Gobierno facilita que miles de personas vivan ilegalmente en casas que no les pertenecen.

Sareb: el banco malo convertido en refugio para okupas
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) fue creada en 2012 para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades financieras tras la crisis de 2008. Sin embargo, lo que en principio era una herramienta para sanear el mercado inmobiliario, se ha convertido en un refugio para okupas que se niegan a abandonar viviendas de las que no son dueños.

En el último año, la Sareb identificó 3.600 viviendas ocupadas por familias no vulnerables o que simplemente se resisten a colaborar con la entidad tal como recogen Hispanidad y el Mundo.

Okupas de lujo: vivir ilegalmente en el Barrio de Salamanca
Mientras muchos ciudadanos se esfuerzan por pagar su hipoteca o su alquiler, los okupas disfrutan de viviendas de alto valor sin coste alguno. En palabras de la Asociación de la Ley Antiokupas:

“Saber lo pagamos todos, para que ahora premie con alquileres sociales a aquellos okupas que le hacen la vida imposible al resto de vecinos. En España se premia a delincuentes y el Gobierno no hace nada”.

Un claro ejemplo de esta situación se vive en el exclusivo Barrio de Salamanca en Madrid, donde un edificio entero ha sido okupado. Todo comenzó en 2010 con la quiebra de la promotora propietaria del inmueble. Tras años de descontrol, en 2020 la Sareb tomó el control de la mayoría de los pisos, pero en lugar de desalojar a los okupas, optó por la vía más fácil: ofrecer alquileres sociales a quienes llevan años viviendo sin pagar.

El drama de los propietarios: convivir con okupas violentos
Los propietarios legales de estos inmuebles están desesperados. Vivienda que se queda vacía, vivienda que se okupa. Los delincuentes han encontrado un nicho de negocio y, según denuncian los vecinos, actúan como ‘agentes inmobiliarios’, realquilando ilegalmente los pisos okupados a terceros.

Los afectados denuncian situaciones de amenazas, coacciones y violencia, sin que las autoridades hagan nada para protegerlos. Este fenómeno también se ha visto reflejado en la localidad de Salt, donde la Sareb ha ofrecido alquileres sociales a los okupas a pesar de los constantes problemas de convivencia y delincuencia generados por ellos.

La inacción del Gobierno: cómplice de la okupación
La permisividad del Gobierno con la okupación es alarmante. En lugar de endurecer las leyes y agilizar los desalojos, sigue promoviendo medidas que favorecen a los okupas y perjudican a los propietarios. Las fuerzas de seguridad están atadas de manos ante un marco legal que protege más a los usurpadores que a los dueños legítimos de los inmuebles.

Ante esta situación, sólo hay dos soluciones posibles: reformar las leyes para agilizar los desalojos y proteger a los propietarios, o continuar por la vía del caos y la impunidad, donde los okupas sigan premiados y los ciudadanos sean los principales perjudicados.

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