Los disturbios en Salt han monopolizado estos días el foco mediático en Cataluña. Y uno de sus elementos más controvertidos, más allá de la violencia de los altercados en sí, ha sido el origen de las protestas: el desalojo de un imán subsahariano por parte de los Mossos.

Para unos, lo ocurrido refleja el malestar que genera en los más débiles el problema de la vivienda, que habría actuado como combustible de las conductas violentas. Para otros, los tumultos evidencian la ilegitimidad de las okupaciones, dado que el imán desahuciado llevaba cinco años sin pagar el alquiler y no había sido identificado como vulnerable por el Ayuntamiento —que, finalmente, ha decidido otorgarle una vivienda social—.

En este contexto, otra okupación cometida en Cataluña ha revelado las contradicciones del movimiento. En esta ocasión, el allanamiento se ha producido en la ciudad de Mataró, en la provincia de Barcelona. Con la particularidad de que el inmueble asaltado ya había sido okupado con anterioridad por otros okupas, con lo que nos encontramos ante un singular caso de 'doble okupación'.

Así lo ha hecho público un agente inmobiliario, que ha difundido en redes que un compañero de profesión le puso en conocimiento de esta situación. Éste último le contó que un edificio ubicado en la provincia de Barcelona, y una zona cotizada, se encontraba "totalmente okupado".

El inmueble en cuestión había sufrido varios intentos de desalojo, pero la presión ejercida por una entidad de izquierda radical contraria a los desahucios había frustrado todas las tentativas. Que contaron, además, con una notable "presión mediática".

Sin embargo, se da la circunstancia de que varios miembros del colectivo anticapitalista que impidió los desalojos viven ellos mismos, de manera ilegal, en dicho edificio. Y, recientemente, han denunciado que los pisos en los que residían han sido allanados por otros okupas, a los que sin embargo niegan legitimidad como activistas y han tachado de "indocumentados y delincuentes" 

Aunque el agente omite el nombre de la ciudad donde han tenido lugar los hechos, fuentes inmobiliarias han revelado que se trata, como se ha dicho, de Mataró. Y la asociación "pro vivienda libre" —como la llama el agente— no es otra que el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, entidad muy conocida en la localidad y que ha impedido a la policía varios desalojos desde su nacimiento en 2021, en plena pandemia del coronavirus.

Entre sus objetivos, se cuenta lograr una "vivienda universal, gratuita y de calidad" que se encuentre "bajo el control de la clase trabajadora". El caso relatado muestra, además, que sus miembros no solo defienden la okupación sino que la practican de manera activa.

Todo ello en una ciudad en la que la okupación se ha convertido en moneda corriente. No en vano, Mataró cuenta en la actualidad con un total de 760 viviendas okupadas por cada 100.000 habitantes, lo que representa un 69% más que la media en Cataluña —que, a su vez, encabeza el fenómeno en España, con 7.000 casos registrados—.

Tanto es así, que el Ayuntamiento, en manos del PSC, se avino a pactar con el PP una oficina de atención e intervención en esta clase de allanamientos —otras ciudades que cuentan con oficinas de la misma índole son Barcelona, Badalona y el Vendrell—.

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