El Observatorio de Infancia y Adolescencia de Andalucía ha compartido esta semana el «Protocolo para ayudar a menores que necesitan protección internacional».

Una medida presentada a través de un curso sobre el tema en Málaga para que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de las ayudas sociales de los españoles a través de la condición de refugiado y los derechos de asilo.

La Consejería de Inclusión Social pondrá en marcha en abril este curso de la mano de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Se trata de una formación dirigida en un primer momento a los profesionales de los Servicios de Protección de Menores implicados en la provisión de información sobre el derecho de asilo, la identificación de MENAS, derivaciones al procedimiento de asilo, seguimiento del expediente y la atención integral de inmigrantes ilegales «a lo largo de todo el procedimiento».

 El protocolo explica el derecho a pedir asilo en España, cómo preparar la solicitud e incluso desarrolla casos prácticos. Una medida que se traduce en un claro efecto llamada para una mayor inmigración ilegal.

El curso subraya la idea del refugiado y sus conceptos básicos de protección internacional, la preparación de las entrevistas requeridas en el proceso y señala la documentación requerida junto a los procedimientos administrativos para solicitar la condición de asilo.

Mientras tanto, un informe del mismo órgano sobre los ingresos de MENAS en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía (SPM) y publicado recientemente subraya que el 94% de los MENAS que entraron en Andalucía en 2023 fueron varones y más del 25% tenían 18 o más años, aunque el Gobierno de Moreno Bonilla los incluyese dentro del sistema.

Los principales países de origen de estos MENAS fueron Marruecos, con más de un 64% y en segundo lugar, Argelia, con más de un 15%. Es decir, países que no contemplan ahora una situación bélica.

Toda esta información ha sido denunciada por el portavoz del G.P. VOX en Andalucía, Manuel Gavira, durante la rueda de prensa de esta semana en el Parlamento de Andalucía. Una información que ha tachado de patrocinio de la islamización por parte de Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía.

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