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La Fiscalía sanchista sale al rescate de los socios del presidente del Gobierno.
En un informe, el ministerio público apoya que la Justicia suspenda la entrada en prisión de la ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, mientras el Gobierno resuelve el indulto. La también ex líder de Junts fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por los contratos a dedo en la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La Fiscalía ha remitido su escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para hacerle saber que, dado que el punto séptimo de la sentencia condenatoria la Sala proponía al Gobierno la concesión de un indulto parcial a Borràs, el ministerio público no se opondrá a la suspensión de la pena de cárcel si finalmente se le concede.
La justificación que hace la Fiscalía de su postura es la de evitar perjuicios a Borrás: «Con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto».
Sin embargo, recuerda que el indulto está limitado a la pena de prisión, por lo que Borràs deberá cumplir tanto la pena de inhabilitación, de 13 años, como la multa impuesta, de 36.000 euros.
Trabajos para el informático
Tampoco se opone a que se acuerde la suspensión del cumplimiento de la pena de prisión para Isaías H., el informático al que Borrás benefició al fraccionar contratos para adjudicárselos a dedo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018, que fue condenado a 2 años de cárcel como cooperador necesario de un delito de falsedad documental y multa de 2.300 euros.
Así lo ha decidido la Fiscalía atendiendo a la «colaboración y arrepentimiento» mostrado durante el juicio y tras haber acreditado que superó su adicción a las drogas, además de haber abonado la pena de multa impuesta, por lo que pide que se le sustituya la pena de cárcel por trabajos en beneficios de la comunidad.
Por último, para Andreu P., que ayudó a preparar los presupuestos y que fue condenado como cooperador necesario de un delito de falsedad documental a 1 año y 2 meses de prisión y multa de 2.250 euros, la Fiscalía dice que no se opone a que se amplíe el plazo para que pueda abonar esta cuantía.
El motivo, explica, es que se ha acreditado la declaración de insolvencia de la empresa de su propiedad, que con posterioridad a la condena del TSJC se declaró en concurso de acreedores y que quedó disuelta, con la consiguiente pérdida de ingresos económicos.
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