La ofensiva contra la propiedad privada en España sigue su curso. La extrema izquierda, con el respaldo directo e indirecto del PSOE, impulsa medidas que allanan el camino a la okupación.

Esta vez, los protagonistas son la comunista de Sumar, Yolanda Díaz, y el proetarra, Arnaldo Otegi, quienes han exigido la creación de un registro de viviendas vacías en el País Vasco. Esta propuesta, disfrazada de medida social, encubre una intención clara: facilitar la expropiación encubierta de propiedades privadas.

El censo de viviendas: el primer paso hacia el intervencionismo comunista
Las formaciones de Sumar y Bildu han presentado en el Parlamento vasco una moción que solicita al Gobierno del PNV y el PSOE la elaboración de un censo con todas las «viviendas permanentemente desocupadas».

Este registro, lejos de ser un simple estudio estadístico, busca sentar las bases para aplicar medidas coercitivas sobre los propietarios. La estrategia es clara: presionar hasta el límite para que cedan sus inmuebles a la administración.

Alquiler forzoso y castigo a los propietarios
En la misma línea, los partidos de Díaz y Otegi exigen la aplicación del canon a la vivienda vacía y la implantación de un alquiler forzoso. Con estas medidas, los grandes perjudicados serán los propietarios que, por diversas razones, mantienen deshabitadas sus viviendas. La propiedad privada se convierte en un derecho condicionado por el gobierno, un ataque frontal contra las libertades individuales.

Vigilancia sobre los ciudadanos: un abuso inaceptable
La iniciativa también contempla que las empresas suministradoras de servicios (agua, luz y gas) faciliten a los ayuntamientos información sobre los consumos anormalmente bajos. De este modo, si un ciudadano decide no vivir en su propiedad o mantenerla desocupada, el Estado podrá detectarlo y sancionarlo.

Este nivel de intervencionismo recuerda a los regímenes totalitarios que controlan hasta el último aspecto de la vida privada de sus ciudadanos.

El PSOE, cómplice del desmantelamiento de la propiedad privada
Aunque el PSOE intenta distanciarse de estas medidas, lo cierto es que la presión de Sumar y Bildu ha obligado a los socialistas a aprobar una versión suavizada de la propuesta.

El Parlamento vasco ha dado luz verde a una iniciativa que insta a los ayuntamientos a recabar información sobre viviendas desocupadas y a colaborar con las empresas suministradoras para identificar inmuebles con bajo consumo de servicios.

El Estado, en lugar de fomentar un mercado de vivienda dinámico y accesible, impone medidas que criminalizan a los propietarios. Mientras tanto, los políticos de izquierdas disfrutan de mansiones y propiedades sin temor a que sean okupadas. La pregunta es: ¿por qué estas medidas nunca afectan a las viviendas de los dirigentes del PSOE y de la extrema izquierda?

¿Hacia un modelo comunista?
La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y próspera. Las medidas promovidas por Sumar y Bildu, con el apoyo tácito del PSOE, sientan un peligroso precedente. La okupación no solo se está normalizando, sino que se está convirtiendo en una herramienta política para desmantelar el derecho a la propiedad.

Hoy es un censo de viviendas vacías; mañana podría ser una ley que expropie directamente los inmuebles en nombre del «bien común».

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