El juez del 'caso Koldo' pide a la UCO un informe sobre el expediente de las mascarillas 'fake' de Armengol

La sombra de la corrupción sanitaria vuelve a cernirse sobre la política balear, esta vez con nombre propio: Francina Armengol.

La expresidenta del Govern balear, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, se ve de nuevo salpicada por un escándalo que huele a negligencia, opacidad y falta de responsabilidad política: la adjudicación de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del llamado 'caso Koldo', por mascarillas que ni siquiera cumplían los requisitos básicos de calidad.

El juez instructor ha ordenado un exhaustivo análisis por parte de la Guardia Civil (UCO), centrado en la contratación irregular por parte del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), que durante la gestión de Armengol firmó acuerdos con una empresa sin solvencia técnica ni experiencia en suministros sanitarios. ¿Qué llevó al Govern a confiar en una firma con vínculos políticos y sin trayectoria en el sector médico?

Pero lo más grave de todo es que el escándalo no se limita a la incompetencia local. Armengol, en un acto de desvergonzada manipulación, falsificó informes para conseguir que la Unión Europea financiara esas compras de mascarillas defectuosas.

Conscientes de que los productos no cumplían los estándares mínimos de calidad, se engañó a las autoridades europeas para que financiara un contrato plagado de irregularidades.

Se falsificaron los informes para hacer creer a Bruselas que las mascarillas cumplían con los requisitos sanitarios exigidos, mientras los fondos europeos llegaron a Baleares sin ningún control real sobre la validez de las compras.

El engaño a la Unión Europea en la gestión de estos fondos no solo es una falta de ética, sino un delito de falsificación y malversación de fondos públicos. La propia Europa, en su intento por apoyar a los países miembros durante la crisis sanitaria, se vio manipulada por una administración que no dudó en utilizar sus mecanismos de financiación para cubrir sus propios errores y favoritismos políticos.

Finalmente, la derivada del 'caso Koldo' en las islas recayó en nuevo en manos de la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo fallase a favor del tribunal español.

En consecuencia, la Fiscalía Europea remitió al juzgado de Moreno una caja con la información aportada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) en relación con los contratos investigados. Ahora, el juez traslada dicho expediente a la UCO para que pueda elaborar un informe sobre su contenido. 

La institución europea entregó el pasado mes de febrero a la Audiencia Nacional varios dispositivos en bolsas precintadas además de la documentación requerida al Juzgado de Instrucción Número 7 de Palma de Mallorca.

No obstante, el juez afeó a la Fiscalía Europea que faltaban por entregar un CD con contenido de los expedientes, otro con el expediente digital y un Excel con la copia del análisis de los correos que obraban en manos del ente comunitario.

La respuesta de Armengol, hasta ahora, ha sido siempre la misma: la gestión fue correcta, se reclamaron las mascarillas defectuosas, pero no se recuperó ni un solo céntimo del dinero público malgastado.

Su intento de exculparse a través de la “reclamación” del material defectuoso no es una defensa, sino una confesión: se pagó con dinero público por material inservible, y al mismo tiempo, se engañó a Europa para que asumiera una parte de la factura.

A día de hoy, Armengol no solo no ha asumido ninguna consecuencia, sino que ocupa una de las instituciones clave del Estado. ¿Cómo puede representar la segunda autoridad del país alguien cuya gestión sanitaria está bajo la lupa judicial por falsificar informes y malversar fondos públicos?

El 'caso Koldo' no es solo una historia de corrupción durante la pandemia. Es un reflejo de cómo se normalizó el tráfico de influencias, se diluyeron las responsabilidades y se blindaron los despachos del poder mientras la ciudadanía sufría. Si el PSOE y sus socios aspiran a una regeneración democrática real, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante los errores —y posibles delitos— cometidos bajo el amparo de Francina Armengol.

Es hora de que la justicia actúe. Pero también de que la política exija cuentas. Porque quien gestionó mal la salud de todos y engañó a Europa no puede seguir gestionando el futuro de nadie.

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