La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha accedido a la petición de la defensas de los investigados en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que se cite a declarar como testigo al querellante, Alberto González Amador.

El magistrado instructor, en auto de 27 de enero, denegó la petición formulada por las defensas para que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario González Amador, fuese citado como testigo previamente a la declaración de los dos fiscales investigados, que estaba prevista para finales del mismo mes de enero.

Tanto García Ortiz como Rodríguez están imputados por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juez Ángel Hurtado argumentó que la posición del querellante venía prefijada en la querella y por la actividad de su representación a lo largo de lo actuado, ante lo cual, una diligencia como su toma de declaración previa, suponía a su juicio "una dilación para la declaración de los investigados", aparte de entender que podía resultar perjudicial para el acusado.

Sin embargo, la Sala de Apelación no ve motivos que impidan tomar declaración al novio de Ayuso. "Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación.

Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos", argumenta en el auto.

La resolución recuerda que el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "determina que el sumario lo constituyen las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes.

Desde este plano interpretativo, la declaración del querellante puede, sin duda, servir para constatar tales circunstancias, particularmente su incidencia en el plano personal, que es uno de los elementos del art. 417.2 del Código Penal, si fuera ésta la calificación delictiva final, todo ello en función del auto de admisión de la Sala".

Además, la Sala también accede a otra de las diligencias que fue denegada en el mismo auto de 27 de enero por el juez Hurtado, la consistente en ratificar y aclarar el informe de la UCO dando cuenta de la diligencia pericial relativa al material intervenido en los registros de la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El auto desestima los recursos de apelación del fiscal general y de la fiscal jefe provincial en todo lo demás, ratificando la denegación del juez Hurtado de citar como testigos a una serie de periodistas, así como la petición de los investigados de que se requiriese la intervención y volcado del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado.

A dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones que no se siguen en las dependencias en las que sirve, razón por la cual una medida como la interesada debería estar dotada de alguna razón especial, un motivo reforzado, que se desconoce, pues de lo que se trata de investigar es si se quebrantó la confidencialidad propia de la función pública que ostentan los investigados en relación con elementos documentales bajo su control, no de la actuación de terceras personas, aspectos que podrían hipotéticamente interesar a la investigación, motivo por el cual este punto del recurso de apelación será desestimado", concluye el auto sobre el jefe de Gabinete de Ayuso.

El Supremo recuerda además que el delito que se investiga en la causa abierta a García Ortiz "se refiere al quebranto del deber de sigilo que a todo funcionario incumbe respecto a su actuación profesional, máxime en el caso sometido a esta instrucción sumarial en donde la supuesta revelación podría incidir en la conculcación de sus derechos fundamentales de una persona en concreto afectada por tal difusión".

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