Alberto González Amador

En el auto sobre la pieza separada que aborda un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal, fechado este viernes , la jueza da cinco días para interponer recurso de apelación

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión y que le inhabilite por un delito de revelación de secretos

"Necesitamos una Fiscalía fuerte, potente, que sea capaz de hacer frente a los desafíos del futuro y a defender el lugar en el que nos encontramos, que a veces está entre medias de muchos intereses"

No por más previsible deja de provocar un fuerte disgusto por el daño reputacional que causa que el fiscal general del Estado investigado se haya mantenido en el cargo sin dimitir, que es lo que hubiera procedido

Según se desprende del auto judicial, ya notificado a las partes, existen indicios suficientes para considerar que los dos altos cargos del Ministerio Fiscal facilitaron a un medio de comunicación el contenido de un correo fechado el 2 de febrero de 2024

En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda

Un aspecto destacado en la investigación es que García Ortiz eliminó los mensajes de su teléfono móvil una semana después de saber que sería investigado, lo que APIF señala como una acción difícil de justificar y que genera sospechas sobre la limpieza de su conducta

Durante su comparecencia, que se prolongó aproximadamente una hora y cuarto, González Amador se desvinculó del contenido del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado, Carlos Neira, al fiscal Julián Salto

Rodríguez ha contratado al exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, quien asume desde ahora su defensa

La Unidad Central Operativa (UCO) ha comparecido ante el Tribunal Supremo y ha ratificado el contenido del informe en el que se atribuye al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una participación destacada en la filtración de datos que afectaban a Alberto González Amador

Es decir, el novio de Díaz Ayuso entregó la documentación solicitada en tiempo y forma, adjuntando «planos de la vivienda, memoria técnica y presupuesto» al que ascendía la ejecución de los cambios

Hurtado señala que la comisión rogatoria reclamando esos datos clave para conocer el intercambio de mensajes de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año parece haber sido "exitosa"

La gravedad del caso va mucho más allá de una simple discrepancia interna. El fiscal propuesto, cuya identidad permanece oficialmente oculta, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación que presidió el propio García Ortiz

La Sala de Apelación accede a la petición de las defensas de Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta"

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado el próximo 10 de abril a Alberto González Amador para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal

Hurtado indicó en un auto el pasado martes que es una «evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles»

Hurtado pone el acento en el interés que mostró el fiscal general por hacerse con el correo de 2 de febrero de 2024 sobre el acuerdo que proponía el abogado de Alberto González Amador a la Fiscalía en el que admitía dos delitos de fraude fiscal

El decano de la Abogacía de Madrid asegura que la reunión fue tensa porque no había posibilidad de acuerdo

Cabe recordar que el magistrado señaló, en una resolución del 14 de enero, que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado en la prensa

No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional, ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad

Una "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español". Por ello, pide a Sánchez que le indemnice con 100.000 euros

La UCO indica que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas"

"Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla"