La delegada del Gobierno reconoce ante la jueza que ignoraba el riesgo en el Poyo hasta que la alertó una alcaldesa

El 29 de octubre de 2024 será recordado como una de las jornadas más trágicas en la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) desencadenó una catástrofe de dimensiones mortales, dejando 228 víctimas.

A seis meses de la tragedia, las declaraciones judiciales no solo comienzan a esclarecer lo ocurrido, sino que también destapan una realidad desoladora: la gestión del desastre fue caótica, descoordinada y, lo más grave, marcada por una preocupante dejación de funciones por parte de los responsables institucionales.

La delegada del Gobierno y la verdad tardía
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha reconocido por primera vez ante la jueza que no tuvo constancia del desbordamiento del barranco del Poyo —el epicentro de la tragedia— hasta las 19:05 horas, cuando recibió una llamada desesperada de la alcaldesa de Paiporta.

 La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha admitido ahora ante la jueza de la dana que se enteró del desbordamiento en el barranco del Poyo por la llamada de una alcaldesa a las 19.05.

En esa hora ya se habían producido fallecimientos. De hecho, la mayoría de las 228 muertes tuvieron lugar cuando la alerta a la población de las 20.11 ya se había enviado. 

 La dirigente socialista, que ha declarado este lunes como testigo en la causa, ha reconocido por primera vez que nadie en el Cecopi habló del riesgo en el barranco de Poyo, que provocó la gran parte de las muertes en la fatídica jornada del 29 de octubre. Tampoco lo mencionó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

 La exconsellera Pradas se derrumba en su declaración ante la jueza de la dana y asegura que no dirigía nada
Bernabé ha explicado que a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde la preocupación era el desbordamiento del río Magro por sus conversaciones con el alcalde de Utiel y otros de la zona.

A lo que se añadió el riesgo de colapso de la presa de Forata cuando avisó de ello la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según relató, fue entonces cuando supo que sus vecinos estaban intentando salvarse, literalmente, de morir ahogados.

En esa hora ya se habían producido fallecimientos. De hecho, la mayoría de las 228 muertes tuvieron lugar cuando la alerta a la población de las 20.11 ya se había enviado.

Esta confesión llega meses después del suceso y es tan reveladora como indignante. Para entonces, ya se habían producido múltiples fallecimientos. Es más, la alerta a la población mediante el sistema ES-Alert no se activó hasta las 20:11 h, es decir, más de una hora después de que se tuviera conocimiento directo del desbordamiento y cuando la mayoría de las muertes ya se habían consumado.

¿Cómo es posible que la representante del Gobierno no supiera nada del principal foco de riesgo hasta que una alcaldesa le llamó personalmente? ¿Dónde estaban los canales oficiales de información? ¿Por qué el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que debía centralizar toda la información crítica, estaba “desconectado telemáticamente” justo durante la hora más crítica del día?

Descoordinación institucional y ceguera operativa
El relato de Bernabé revela un escenario kafkiano. Durante horas, los esfuerzos y las preocupaciones se dirigieron a otras zonas: el río Magro, la presa de Forata, Requena y Utiel. Ninguna mención, ni del Cecopi ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al barranco del Poyo, que acabó siendo el punto más devastador de la jornada.

No solo no se detectó a tiempo el riesgo. Tampoco se actuó con la diligencia que exigía la situación. Cuando Bernabé se entera del desastre por una llamada informal, en lugar de activarse inmediatamente todos los mecanismos de respuesta, se produce una conversación casi surrealista con la consellera Pradas, quien le responde que “eso está pasando en otras localidades”.

Como si el hecho de que hubiera gente ahogándose en una población concreta no fuese razón suficiente para activar una alarma generalizada.

Una consellera desbordada que “no dirigía nada”
La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también compareció ante la jueza, y lo hizo —según testigos— visiblemente afectada, llegando incluso a derrumbarse emocionalmente. Entre lágrimas, aseguró que ella “no dirigía nada”.

Esa frase, que bien podría tomarse como un intento de eludir responsabilidad penal, es en realidad una confesión demoledora. La persona que debía coordinar la respuesta a una emergencia de escala regional, se desmarca por completo de cualquier toma de decisiones. ¿A quién corresponde entonces haber gestionado una emergencia si no a quienes estaban oficialmente al mando?

Pradas recibió una llamada de Bernabé a las 12:23 h en la que se le ofreció el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La respuesta: “Tomo nota”. Ni activación inmediata, ni reunión urgente del Cecopi, ni toma de decisiones a la altura de la situación. Solo pasividad burocrática, como si se tratara de una anécdota de menor importancia.

El Cecopi: un centro de coordinación... que se desconecta
La imagen del Cecopi desconectado durante una hora, entre las 18:00 y las 19:00 horas, es la metáfora perfecta del día. Mientras la naturaleza arrasaba barrios enteros y se llevaban vidas por delante, el órgano que debía estar vigilante y en funcionamiento continuo decidió interrumpir sus comunicaciones telemáticas. Esa hora de silencio, en la que literalmente nadie hablaba con nadie, puede haber costado decenas de vidas.

¿En qué momento se asumió que era aceptable desconectar el sistema de coordinación en plena alerta meteorológica? ¿Quién dio la orden? ¿Quién asumirá la responsabilidad?

Un sistema de alertas fallido y una reacción tardía
La activación del ES-Alert, diseñada para avisar a la población mediante SMS en casos de emergencia, se ejecutó de manera fragmentaria y tardía. En un primer momento, solo se activó para la zona afectada por la presa de Forata. Fue Bernabé, después de la llamada con la alcaldesa de Paiporta y tras ver vídeos del puente derrumbándose, quien pidió que se extendiera a toda la provincia. Pero para entonces, ya era demasiado tarde.

La alerta llegó a los teléfonos móviles a las 20:11 h. Las aguas ya habían hecho su trabajo devastador. Personas que podrían haber evacuado, que podrían haber buscado refugio, simplemente no tuvieron la oportunidad de salvarse.

Negligencia institucional con consecuencias letales
La tragedia del 29 de octubre no fue solo meteorológica. Fue, sobre todo, una tragedia política y administrativa. Las declaraciones de los responsables políticos confirman lo que muchos intuían: no hubo preparación, no hubo liderazgo, y no hubo reacción.

En lugar de una respuesta ágil, coordinada y anticipada, se actuó con improvisación, con desinformación y con un nivel de pasividad inaceptable. La combinación de falta de previsión, descoordinación operativa, desconocimiento técnico, y falta de liderazgo explica por qué una tormenta previsible acabó en una mortandad masiva.

Ahora, la justicia debe depurar responsabilidades. Pero más allá de lo que dictamine una jueza, hay una verdad moral que no se puede ignorar: las instituciones fallaron, y con su negligencia, permitieron que murieran 228 personas. Eso no puede quedar impune.

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