Pedro Sánchez ha colocado a dedo a más de 11.000 funcionarios

La democracia se construye sobre pilares fundamentales: el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Cuando esos pilares se quiebran, lo que queda es una administración pública al servicio del poder y no del ciudadano.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su desprecio por estos principios al colocar a dedo a más de 11.000 funcionarios durante su mandato, una cifra que rompe todos los récords y que convierte a España en un país donde el enchufismo se ha institucionalizado al más alto nivel.

Esta práctica, lejos de ser anecdótica o puntual, revela un modelo de gobierno basado en el clientelismo político, el control partidista de las instituciones y el uso del aparato estatal como si fuera un cortijo personal. Lo que Pedro Sánchez ha hecho no es solo antidemocrático: es un ataque directo a la esencia de la función pública.

El dedazo como sistema
La última información disponible confirma lo que muchos temían: Pedro Sánchez ha incrementado en casi 500 los funcionarios designados a dedo solo en el último año, alcanzando una cifra sin precedentes. En total, más de 11.000 altos cargos han sido nombrados sin pasar por un proceso competitivo, sin oposiciones, sin baremos objetivos. Solo por afinidad política o proximidad ideológica.

Este tipo de nombramientos, conocidos técnicamente como puestos de libre designación, han sido históricamente una pequeña excepción en la administración, reservados para cargos de confianza muy concretos.

Pero el Ejecutivo socialista ha pervertido este mecanismo hasta convertirlo en la norma. Y con ello, ha desmantelado la meritocracia en la administración pública, socavando la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

¿Qué significa realmente nombrar a más de 11.000 funcionarios a dedo? Significa tener 11.000 personas leales al partido (o al presidente) ocupando cargos clave en los ministerios, las delegaciones, las consejerías y empresas públicas. Significa llenar la administración de activistas políticos en lugar de profesionales cualificados. Significa hipotecar el futuro del Estado para mantener un presente de poder absoluto.

Además, esta estrategia tiene un efecto perverso a largo plazo: muchos de estos cargos, una vez cesados, tienen derecho a recolocación, indemnizaciones o incluso se integran en cuerpos funcionariales sin haber pasado un proceso selectivo real. Es decir, el dedazo de Sánchez no solo contamina el presente, sino que condiciona el futuro de la administración durante décadas.

El silencio cómplice del PSOE
Frente a este escándalo, ¿qué dice el Partido Socialista? Absolutamente nada. Ninguna autocrítica. Ningún debate interno. Ningún intento de justificar lo injustificable. El PSOE ha abandonado por completo cualquier intención de regeneración democrática, convirtiéndose en una maquinaria de poder cuya única prioridad es perpetuarse a costa de lo que sea.

Y mientras tanto, los ciudadanos asisten impotentes a este reparto de cargos como si fuera un botín de guerra. Los jóvenes que se dejan la piel preparando oposiciones, los profesionales que aspiran a una carrera en la administración basada en su capacidad, los funcionarios que sí han ganado su plaza con esfuerzo… todos ellos ven cómo su trabajo y su vocación se menosprecian por una política de enchufismo sistemático.

Desde Moncloa intentan justificar este escándalo bajo el pretexto de la “eficiencia”, asegurando que estos nombramientos son necesarios para agilizar la gestión pública. 

Pero esa excusa no se sostiene. Una administración eficiente no se construye con lealtades políticas, sino con perfiles cualificados, motivados y seleccionados en procesos transparentes. Lo que hace Pedro Sánchez no es gobernar con eficacia, sino blindar su poder con fidelidades personales.

Además, esta política de nombramientos a dedo es profundamente desigual, ya que excluye sistemáticamente a quienes no comparten la ideología del Gobierno. Es una forma sutil pero efectiva de purga ideológica en las instituciones. Una colonización progresiva del Estado por parte del PSOE y sus socios, que no admiten disidencias ni criterios técnicos que contradigan sus intereses.

Un problema estructural con nombre y apellidos
Es cierto que en el pasado otros gobiernos también recurrieron al libre nombramiento. Pero nunca con esta intensidad, nunca con esta impunidad, y nunca con un desprecio tan absoluto por las formas democráticas.

El problema no es solo estructural: tiene un nombre propio, Pedro Sánchez, y una voluntad clara: controlar cada resorte del Estado para evitar cualquier contrapeso.

Porque esa es la verdadera intención detrás de los más de 11.000 funcionarios nombrados a dedo: neutralizar a la administración como contrapeso del poder político, diluir la responsabilidad técnica en decisiones ideológicas y convertir cada rincón del Estado en una extensión del partido gobernante.

El resultado de esta política se nota en todos los ámbitos. Las decisiones técnicas se ven sustituidas por consignas ideológicas. La eficiencia desaparece. Los errores se multiplican. Y los ciudadanos pierden confianza en unas instituciones que ya no perciben como neutrales, sino como instrumentos al servicio del poder.

Cuando los puestos se reparten por lealtad y no por méritos, lo único que crece es la mediocridad, el descontrol y el despilfarro. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en España. Un país donde el presidente ha decidido que la administración pública ya no está al servicio del pueblo, sino de su proyecto político.

Frente a este panorama, la única salida es una regeneración profunda de la función pública. Es urgente limitar los nombramientos a dedo, reforzar los procesos de selección por méritos, proteger la neutralidad del Estado y devolver la dignidad a miles de funcionarios que sí han cumplido con su deber. La administración pública no puede ser una agencia de colocación del PSOE. España no se lo merece.

Pedro Sánchez ha batido todos los récords, pero no de buena gestión: es el campeón del dedazo, del clientelismo y del control partidista. Y cuanto más tarde se corrija esta deriva, más difícil será reconstruir el prestigio y la profesionalidad de nuestras instituciones. Ha llegado la hora de decir basta.

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